El secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvo que gestionar este martes un fuego cruzado de recriminaciones demócratas y republicanas por igual durante su primera comparecencia ante el subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara, donde le exigieron detalles sobre el polémico despliegue militar en Los Ángeles y un presupuesto que todavía no llega al Capitolio.
De acuerdo con el documento facilitado a este portal, los legisladores centraron la mira en tres frentes: el costo real de la operación en California, la purga de programas de diversidad en las fuerzas armadas y las prioridades estratégicas del Pentágono en medio de una propuesta de gasto récord.
Una factura de 134 millones USD y contando
Aunque Hegseth se escudó inicialmente en tecnicismos, su interventora interina Bryn Woollacott MacDonnell terminó admitiendo que los 4 800 uniformados enviados 4 100 de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina costarán 134 millones de dólares por un despliegue de 60 días. El monto, alertaron congresistas, saldrá de fondos “ya comprometidos” para operaciones externas.
La “Cúpula Dorada” y otras prioridades billonarias
A la par, el Pentágono impulsa un ambicioso escudo antimisiles de 175 000 millones de dólares bautizado por Trump como “Golden Dome”, que colocaría armamento en el espacio y reaviva el debate sobre la militarización orbital. Legisladores de ambos partidos dejaron claro que un proyecto de semejante envergadura sufrirá un escrutinio exhaustivo antes de ver un solo dólar.
Un presupuesto que rompe la barrera del billón
Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca ultima un pedido presupuestario que ronda el billón de dólares para el año fiscal 2026, una cifra sin precedentes que supera con holgura los 893 000 millones en la propuesta “skinny” ya filtrada. Analistas advierten que un salto de tal magnitud obligaría a recortar programas sociales o a disparar aún más el déficit.
¿Violación a la Ley Posse Comitatus?
Fuera de los números, demócratas como Rosa DeLauro y Betty McCollum cuestionaron la legalidad de usar personal militar en funciones policiales internas. La Ley Posse Comitatus prohíbe a las fuerzas armadas asumir tareas de orden público sin una declaración de insurrección, algo que la Administración no ha invocado. Gobernadores como Gavin Newsom ya litigan contra la medida, alegando que se trata de un uso indebido de poder federal.
Implicaciones para la Guardia Nacional y el precedente que se crea
Si el Congreso avala la postura de Hegseth, se abriría la puerta a que futuras administraciones asignen a la Guardia Nacional un rol permanente en la seguridad doméstica, difuminando la línea entre defensa externa y control interno. Observadores del Centro Brennan señalan que eso conllevaría riesgos de militarización de protestas civiles y erosión de la confianza pública en las instituciones castrenses.
Más allá del Capitolio
Mientras tanto, los aliados de EE. UU. observan con cautela. Bruselas mostró desconcierto por la ausencia de Hegseth en la reunión del Grupo de Contacto sobre Ucrania la semana pasada, interpretándolo como una señal de repliegue diplomático en plena tensión con Rusia. En Asia, Tokio y Seúl sopesan qué significa un Pentágono volcado a la “seguridad de la patria” para el equilibrio en el Indo-Pacífico.
El debate recién comienza. La Cámara aún debe recibir la versión completa del presupuesto y votar cada partida. Entre recortes a programas de diversidad, megaproyectos espaciales y despliegues domésticos, la agenda de Hegseth promete mantener encendido el ímpetu fiscalizador del Congreso en los próximos meses.
