La retórica de mano dura que ha marcado el regreso político de Donald Trump dio un nuevo salto esta semana. Desde la base militar de Fort Bragg, el presidente acusó a los manifestantes de Los Ángeles de “prolongar una invasión extranjera” y justificó así el despliegue sin precedentes de tropas federales en la ciudad. El mensaje coreado por soldados reaviva la tensión entre la Casa Blanca y las autoridades californianas, que denuncian una militarización innecesaria y peligrosa.
Según la agencia EFE, Trump ordenó movilizar 4 000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines tras una serie de redadas migratorias que encendieron las protestas en barrios latinos de Los Ángeles. El mandatario cuestionó la presencia de banderas mexicanas y centroamericanas en las marchas y amenazó con cárcel a quienes quemen la enseña estadounidense, una postura que celebraron sus simpatizantes en la base castrense.
El gobernador Gavin Newsom reaccionó con una demanda federal que alega violaciones a la Décima Enmienda y describe el despliegue como “un acto deliberado para inflamar la situación”. Mientras tanto, la alcaldesa Karen Bass y la propia LAPD insisten en que las manifestaciones eran mayoritariamente pacíficas antes de la llegada de los militares.
Juristas señalan que la orden de Trump se apoya, al menos en apariencia, en el Insurrection Act de 1807, una ley que permite al presidente usar fuerzas armadas en territorio nacional cuando el orden público “esté gravemente comprometido”. No obstante, organizaciones como el Brennan Center advierten que la norma es vaga y susceptible de abuso, sobre todo si los gobiernos estatales como el de California no piden ayuda explícita.
En cuanto a su promesa de castigar con cárcel la quema de banderas, el planteamiento choca de frente con el precedente del Tribunal Supremo en Texas v. Johnson (1989), donde el alto tribunal defendió ese acto como discurso protegido por la Primera Enmienda. Cualquier intento de tipificarlo como delito reincide en un debate jurídico que, hasta ahora, la Corte ha zanjado a favor de la libertad de expresión.
Las fuerzas locales, por su parte, viven un pulso institucional el Departamento de Policía de Los Ángeles advierte que la llegada de marines sin una cadena de mando unificada entorpece las labores de seguridad y aumenta el riesgo de confrontaciones. Organizaciones de derechos humanos temen un uso excesivo de la fuerza y denuncian detenciones arbitrarias de líderes comunitarios y sindicales.
A corto plazo, el choque entre Washington y Sacramento aviva la polarización previa a las elecciones de mitad de mandato. Para Trump, el despliegue refuerza su narrativa de “ley y orden” y galvaniza a su base; para Newsom, se convierte en un campo de prueba sobre hasta dónde puede llegar un gobierno estatal para frenar lo que percibe como extralimitaciones federales. Sea cual sea el desenlace legal, el episodio redefine la delgada línea entre seguridad nacional y libertades civiles en Estados Unidos.
