Las excavadoras del Ejército israelí entraron de madrugada en el hacinado campamento de refugiados de Yenín, Cisjordania norte, y comenzaron a abrirse paso entre callejones estrechos y viviendas apiñadas. El objetivo: derribar unas cien casas en apenas 72 horas, como parte de la operación militar “Muro de Hierro”.
Según la agencia EFE, las autoridades locales recibieron la notificación tres días antes y este jueves confirmaron que los primeros muros ya estaban cediendo bajo las cuchillas mecánicas. El portavoz municipal, Basheer Metahen, habló de “demolición masiva” y alertó de nuevas evacuaciones forzosas.
Los números refrendan su alarma. El Middle East Monitor calcula que ya van unas 600 estructuras arrasadas en Yenín desde el 21 de enero, cuando Israel lanzó la macroofensiva; la orden más reciente amplía la destrucción a viviendas repartidas por el barrio occidental y las calles Al Sikka y Abdullah Azzam.
El impacto humano es creciente. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documenta 39 palestinos muertos, siete de ellos menores, en Yenín y otras zonas del norte desde enero, además de cortes prolongados de agua y luz que complican la atención médica.
El mismo informe de OCHA indica que más del 90 % de los 20 000 residentes originales de Yenín ha huido hacia Jenín ciudad y aldeas vecinas; sólo quedan quienes no tienen a dónde ir o temen perder lo poco que les queda. La ONU calcula que al sumar los campamentos de Tulkarem y Nur Shams, el total de desplazados por “Muro de Hierro” supera las 33 000 personas.
La tendencia no es nueva. En febrero, Reuters constató un éxodo de 17 000 habitantes sólo en Yenín, impulsado por derribos de casas y zanjas que inutilizan las calles; la agencia reportó daños similares en Tulkarem y Nur Shams, con otros 16 000 desplazados combinados.
Grupos de derechos humanos advierten que la táctica se acerca al castigo colectivo. Amnistía Internacional denunció la semana pasada que la campaña “demuele hogares esenciales y fuerza un desplazamiento masivo que podría constituir un crimen de guerra”.
Más allá de los daños inmediatos, urbanistas palestinos temen un rediseño permanente del campamento. Cada casa derribada facilita la apertura de nuevas vías para vehículos blindados, altera la demografía y encarece el retorno de los desplazados. Voces dentro de Israel, como las ONG B’Tselem y Yesh Din, piden revisar la estrategia alegando que “la seguridad no se construye sobre escombros”.
Por ahora, las excavadoras siguen avanzando. Y mientras el polvo se asienta, miles de familias dominadas por la incertidumbre se preguntan si algún día podrán volver a llamarle hogar a Yenín.
