El presidente argentino, Javier Milei, volvió a encender las redes al republicar en X un posteo que acusa a la familia del joven activista Ian Moche un niño de 12 años con autismo de usar su causa para “operar políticamente” contra el Gobierno. El mensaje, replicado por Milei con su propio comentario contra el periodista Paulino Rodrigues, incluía fotos del menor junto a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, algo que muchos usuarios interpretaron como un intento de desprestigiar al chico y restar legitimidad a su reclamo.
Según la agencia EFE, la movida presidencial desató una oleada de críticas organizaciones de discapacidad, comunicadores y referentes sociales lo acusaron de estigmatizar a un menor y trivializar un tema sensible en plena discusión sobre políticas de inclusión.
La tensión no es nueva. Días atrás, la madre de Ian denunció que Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), les espetó en una reunión “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”. El comentario confirmado por testigos y reproducido por La Nación avivó el malestar y reveló la falta de empatía oficial con un colectivo que ya se siente abandonado.
En paralelo, la Cámara de Diputados se dispone a debatir un proyecto que declara la “Emergencia en Discapacidad” hasta 2027, impulsado por el legislador peronista Daniel Arroyo. La iniciativa busca actualizar aranceles a prestadores, recuperar pensiones por invalidez y blindar beneficios básicos. El oficialismo, sin embargo, rechaza el texto aduciendo que “pone en riesgo” la meta de déficit cero.
Mientras tanto, asociaciones civiles llevaron su denuncia hasta la ONU y la Iglesia pidió al Ejecutivo “poner a la persona en el centro” y frenar los recortes. El creciente frente opositor que incluye a movimientos sociales, académicos y sindicatos planea una gran movilización el 4 de junio frente al Congreso para exigir respuestas.
Milei, fiel a su estilo confrontativo, minimizó las críticas y redobló la apuesta contra lo que denomina “operadores k”. Sin embargo, jurídicamente el caso de Spagnuolo ya disparó pedidos de interpelación, y políticamente complica los planes de un Gobierno que insiste en recortar donde “no hay plata” pero enfrenta una sociedad cada vez más alerta al costo humano de esas decisiones.
En este clima, la imagen de un niño autista convertido en blanco presidencial puede terminar siendo el catalizador que unifique reclamos dispersos y exponga, con nombres y apellidos, la grieta entre promesas de eficiencia fiscal y la obligación constitucional de garantizar derechos básicos a los argentinos con discapacidad.
