La Audiencia Provincial de Madrid abrirá este martes 22 de abril un juicio con jurado popular contra una mujer y su primo, ambos de nacionalidad colombiana, además de un ciudadano español acusado de cómplice, por la muerte a cuchilladas de Katy R.*, dominicana de 44 años y responsable de un bar de alterne en Pezuela de las Torres, a unos 50 kilómetros al este de la capital. Los investigadores sostienen que el móvil fue la venganza, después de que la víctima despidiera días antes a la principal encartada.
Según despachos de la agencia EFE difundidos el 19 de abril, la Fiscalía pide 24 años de prisión para cada uno de los presuntos autores materiales y 10 años para el conductor que, supuestamente, los esperó con el motor encendido para facilitar la huida. Además, reclama una indemnización total que supera los 500 000 euros: 100 000 € para la pareja de la víctima y 80 000 € para cada uno de sus cinco hijos.
Los hechos se remontan al 6 de febrero de 2023. De acuerdo con el escrito acusatorio, los dos familiares irrumpieron en el prostíbulo poco después del mediodía; él se cubría el rostro y ella lo guió por un patio trasero hasta la habitación donde descansaba Katy. Allí la apuñalaron “de manera súbita y sorpresiva”, provocándole la muerte casi al instante, y escaparon en el vehículo que manejaba el tercer acusado. La Guardia Civil los detuvo seis semanas después, cuando intentaban abandonar la Comunidad de Madrid.
Un crimen que sacude a la comunidad migrante y al sector del sexo de pago
El caso ha resonado con fuerza entre los colectivos de trabajadoras sexuales migrantes muchas veces invisibles y revive el debate sobre la precariedad y la violencia que rodean a los denominados “locales de alterne” en España. Organizaciones como APRAMP recuerdan que, a pesar de los avances legislativos, persisten zonas grises donde la explotación y la ausencia de protección laboral elevan el riesgo de agresiones graves o fatales.
A escala nacional, 22 mujeres fueron víctimas de feminicidio fuera del ámbito de la pareja o expareja en 2023, según el último balance del Ministerio de Igualdad, que identifica cuatro de esos crímenes como de naturaleza sexual el tipo de violencia que encaja con los hechos juzgados esta semana.
Qué se juega en la sala
Bajo el artículo 139 del Código Penal, el tribunal deberá decidir si concurre la alevosía alegada por la acusación, elemento que elevaría la pena a la horquilla máxima de 15 a 25 años por asesinato. La defensa, por su parte, ha insinuado que la ausencia de planificación descarta la agravante; sin embargo, la Fiscalía subraya la superioridad numérica, el ataque sorpresivo y la nula capacidad de defensa de la víctima como pruebas de premeditación.
La vista durará previsiblemente toda la semana. Declararán más de una veintena de testigos entre trabajadoras del local, agentes de la Guardia Civil y peritos forenses y se exhibirá el arma incautada, un cuchillo de cocina de 20 centímetros recuperado durante los registros. De hallarse culpables, los dos acusados colombianos podrían enfrentar también una orden de expulsión del territorio español una vez cumplida la condena.
Más allá del veredicto
Para la comunidad dominicana de Madrid segunda colonia caribeña tras la venezolana el caso es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de quienes trabajan en la economía sumergida. Colectivos de migrantes han convocado una vigilia frente a los juzgados de la calle Santiago de Compostela el día de apertura del juicio, reclamando “justicia y dignidad” para Katy y mayor supervisión policial de los prostíbulos rurales.
Al cierre de esta crónica, las partes ultiman sus escritos de conclusiones y el tribunal ha anunciado que el fallo podría conocerse antes de que termine el mes. Si algo está claro es que la atención mediática y la indignación de la comunidad no aflojará, porque, como se murmura en los corrillos de Pezuela, “por más lejos que sea el pueblo, la verdad siempre llega”.
