La discusión del proyecto de “Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales” que en la práctica extendería las penas de difamación a las redes sociales y otorgaría a un consejo estatal el poder de bloquear contenidos mantiene a buena parte de la sociedad dominicana con la ceja alzada. La iniciativa, depositada en el Senado a inicios de mayo y aún en estudio de comisión, ha sido bautizada popularmente como “ley mordaza” por el riesgo de que convierta cualquier tuit crítico en una falta penal.
Según una nota de prensa divulgada directamente por la Antigua Orden Dominicana, la organización calificó la pieza como un “intento autoritario” que “amenaza la democracia y pretende silenciar voces disidentes en el ecosistema digital”. El colectivo advierte que, más que actualizar la vetusta Ley 6132 de 1962, el texto crea un filtro político que otorgaría a funcionarios de turno la potestad de decidir qué se publica y qué se borra.
¿Qué contiene realmente el proyecto?
Bocetos filtrados a la prensa detallan multas y cárcel por “difamación en línea”, un registro estatal de “influenciadores” y la obligación de que plataformas remuevan publicaciones señaladas por una comisión gubernamental en menos de 24 horas. Expertos consultados por Diario Libre temen que la propuesta reemplace tribunales independientes por sanciones administrativas discrecionales, situando a la República Dominicana en una senda parecida a la de Nicaragua o Venezuela en materia de control informativo.
El Congreso, bajo presión social
La presidenta de la comisión senatorial que estudia la pieza dijo este 21 de mayo que el Congreso “está abierto a escuchar a todos los sectores”. No obstante, organizaciones civiles y colegios profesionales exigen audiencias públicas transparentes y publicación íntegra del borrador antes de dictaminar.
Un contexto de leyes fallidas
No es la primera vez que el Capitolio intenta regular el ciberespacio: en 2023 fracasó un proyecto de ciberseguridad porque incluía facultades amplias para interceptar datos; en 2024 se archivó una reforma al Código Penal que penalizaba “ofensas digitales” con hasta cinco años de prisión. El nuevo texto repite aunque con lenguaje más pulido la misma lógica de castigo rápido y control centralizado, sin resolver la mora judicial que hoy mantiene procesos de difamación estancados durante años.
Lo que sí funciona
La Antigua Orden recuerda que las propias redes cuentan con políticas de reporte y remoción de contenido dañino; además, la Constitución y los tribunales ya reconocen el derecho a querellarse por injuria y calumnia. Donde falla el sistema es en la ejecución: expedientes que duermen en fiscalías, audiencias aplazadas y sentencias que nunca se cumplen. “No necesitamos más leyes, sino tribunales eficientes y un Ministerio Público que actúe sin filia ni fobia”, subraya el colectivo.
Riesgos para la democracia digital
ONG internacionales como Article 19 y la SIP han documentado que normas parecidas, una vez aprobadas, suelen ampliarse lo que empieza como “lucha contra la difamación” termina castigando memes políticos y sátiras. La alta dependencia dominicana de Facebook, Instagram y WhatsApp donde se informa el 74 % de los usuarios, según DataReportal convierte cualquier facultad de bloqueo en un poder descomunal sobre la agenda pública.
¿Qué alternativas hay?
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Actualizar la Ley 6132 sin atajos punitivos, alineándola con los estándares de la CIDH que privilegian sanciones civiles sobre penales.
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Garantizar el debido proceso: toda queja por difamación debe ventilarse ante un juez, no ante una comisión política.
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Fortalecer la alfabetización mediática para reducir la desinformación sin coartar la crítica.
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Transparentar la publicidad estatal: menos pauta discrecional significa menos presiones encubiertas sobre los medios.
La voz de alarma de la Antigua Orden Dominicana encuentra eco en periodistas, abogados y ciberactivistas. Si algo ha demostrado la historia reciente es que las mordazas digitales no mueren por falta de votos, sino por exceso de vigilancia ciudadana. Toca ahora a la sociedad sostener la mirada sobre el hemiciclo; el futuro de la conversación pública dominicana se está jugando en esas páginas de ley.
