El anuncio de Nicolás Maduro de posponer la entrega del proyecto de reforma constitucional hasta el 5 de enero de 2026 marca otro giro en la larga saga del chavismo por redefinir las reglas del juego político venezolano. El mandatario aseguró que tomará “lo que resta de 2025” para “consultar a todo el país” y así presentar un texto que en sus palabras “nazca blindado por el debate popular”.
Según la agencia EFE, el jefe de Estado hizo la declaración minutos después de sufragar en las elecciones regionales de este domingo en Caracas, insistiendo en que la nueva Asamblea Nacional debe recibir un borrador “robusto y consensuado” al arrancar el período 2026-2031.
Una consulta que se alarga y se ensancha
Fuentes legislativas citadas por Swissinfo confirman que la comisión encargada, liderada por el fiscal Tarek William Saab, aceptó extender las mesas de trabajo hasta finales de 2025; la decisión implica casi duplicar el plazo original de 90 días otorgado en febrero pasado. El propio Saab declaró a El Universo que el objetivo es “una reforma inclusiva en la que nadie se sienta excluido”, frase que contrasta con las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la falta de libertad de expresión en el país.
El borrador preliminar de 80 artículos, según reveló el presidente en febrero introduce un cuarto nivel de poder, el comunal, que se sumaría a los poderes nacional, regional y municipal para “modernizar la democracia participativa”. No es la primera vez que el chavismo apuesta por la llamada “geometría del poder” el intento anterior, la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, terminó disuelta sin redactar un solo artículo, aunque mantuvo durante tres años las funciones del Parlamento opositor.
Del poder comunal a los circuitos electorales
Además del nuevo “poder popular”, Maduro plantea una reingeniería del sistema electoral basada en circuitos comunales, lo que implicaría redibujar distritos y actualizar el rol del Consejo Nacional Electoral. Economistas alertan de que la propuesta podría encarecer la administración pública; el portal Banca y Negocios estima que solo la logística de los comicios locales duplicaría los costos actuales.
Críticas y temores sobre la concentración de poder
Analistas de Transparencia Electoral advierten que la reforma consolida un entramado institucional donde las comunas estructuras controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrían incidencia directa en nombramientos y presupuestos regionales. Voces opositoras temen que este rediseño bloquee cualquier contrapeso real en caso de alternancia política.
El telón de fondo derechos humanos en la mira
Las promesas de “democracia de calle” contrastan con la radiografía más reciente de la Misión de la ONU, que documenta detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas en el último año electoral Para el organismo, el clima de represión mina cualquier proceso constituyente genuino. Caracas rechaza las acusaciones y acusa a los expertos de “injerencia”.
¿Qué viene ahora?
De materializarse, la reforma constitucional debutaría en un país con inflación de tres dígitos y sanciones internacionales vigentes. El chavismo apuesta a que el poder comunal legitime su proyecto ante la base; la oposición se organiza para exigir un referendo aprobatorio “con observación independiente”. En el terreno diplomático, la comunidad caribeña (CARICOM) ha manifestado cautela, recordando que cualquier cambio constitucional debe respetar los compromisos de la Carta Democrática Interamericana.
Para 2026, Venezuela podría amanecer con un mapa político rediseñado o con otro capítulo de reformas inconclusas. Lo claro es que la prórroga le da a Miraflores un año adicional para moldear o blindar el texto que regirá las próximas décadas.
