Magalys Medina Sánchez claves del juicio por desfalco al Fonper

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Ayer, lunes 12 de mayo, la sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional volvió a llenarse para escuchar los alegatos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El Ministerio Público insistió en que la defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez no ha rebatido “ninguno de los puntos neurálgicos” de la acusación que la vincula a un desfalco superior a RD$5 mil millones realizado a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Uno de esos puntos es la auditoría de la Cámara de Cuentas que reveló que Medina cobraba simultáneamente como directora administrativa y como “vicepresidenta” del consejo del Fonper cargo para el que nunca hubo decreto presidencial percibiendo RD$326,400 al mes más un complemento de RD$79,200 entre 2015 y 2020.

El fiscal Ernesto Guzmán detalló además que cheques emitidos por empresas proveedoras del Fonper habrían sufragado la remodelación de un baño en la residencia de la imputada, un ejemplo dice de cómo se reciclaron fondos públicos para beneficio personal. Para Guzmán, la defensa “se entretiene en tecnicismos” pero evita discutir la procedencia de ese dinero, un elemento clave para tipificar lavado de activos.

El expediente forma parte del llamado caso “Antipulpo”, la red societaria que, según la Pepca, dirigía Juan Alexis Medina Sánchez hermano de la ex-vicepresidenta del Fonper y que obtenía contratos inflados con distintas dependencias estatales durante los gobiernos de Danilo Medina. La estructura fue desmantelada en 2020 y desde entonces se ha convertido en el termómetro de la voluntad oficial de combatir la corrupción de alto nivel.

Más allá de las cifras, el juicio abre interrogantes sobre los controles institucionales del Fonper, entidad creada por la Ley 124-01 para administrar las acciones del Estado en empresas privatizadas y destinar los dividendos a proyectos sociales. La misión era clara; la práctica según las auditorías derivó en pagos irregulares, nóminas infladas y donaciones opacas que terminaron beneficiando a familiares y allegados de funcionarios.

El tribunal aplazó la audiencia hasta el lunes 19 de mayo. Si la defensa mantiene su línea de “acusar sin aportar”, como lo definió el Ministerio Público, el proceso podría entrar en su fase decisiva antes de que termine el mes. De confirmarse los cargos, Medina Sánchez enfrentaría penas que combinan prisión y la devolución del dinero sustraído, mientras que el Estado buscaría fijar un precedente para futuros casos de malversación.

La ciudadanía, por su parte, sigue el caso con mezcla de indignación y expectativa después de décadas de escándalos que se diluían en tecnicismos, el país quiere ver si la justicia dominicana está preparada para dictar sentencias ejemplares cuando el dinero público se trata como caja chica privada.

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