La avenida Balboa se volvió un río de pañuelos morados y wipipás este domingo cuando cientos de mujeres, muchas de ellas indígenas molas y chaquiras al viento, salieron a exigir que cese la mano dura con la que el Estado ha tratado las protestas que sacuden Panamá desde hace más de un mes. Carteles como “Por luchar nos encarcelan” resumían la rabia acumulada contra un cóctel de decisiones oficiales que van desde la reforma de la Caja de Seguro Social hasta la ampliación de la presencia militar de Estados Unidos.
Según la agencia EFE, la coordinadora Sharon Pringle explicó que el plantón busca visibilizar los abusos sufridos por mujeres, niñas y trabajadores durante la huelga nacional que ya superó los 30 días. La acción se replicó en ciudades del interior, consolidando una agenda feminista que pone en primer plano la defensa de los derechos humanos y la soberanía.
El pliego de las colectivas casi treinta firmas en un mismo documento no se queda en la denuncia. Reclama tumbar la nueva ley de pensiones, frenar la minería metálica a cielo abierto y revisar el memorando de seguridad con Washington, al que consideran una cesión inaceptable de territorio. “La represión no es respuesta”, reza el texto, que insiste en un diálogo sin gases lacrimógenos de por medio.
La tensión ha escalado más allá de los piquetes feministas. Mientras las marchas tomaban la capital, la bananera Chiquita oficializaba el despido de unos 5 000 trabajadores en Bocas del Toro tras casi un mes de paralización, golpe que suma pérdidas de 75 millones de dólares y deja la zona fronteriza con Costa Rica en vilo.
Otro foco de irritación es el memorando de abril que permite la rotación de tropas estadounidenses en instalaciones panameñas “de forma temporal”. El canciller Javier Martínez-Acha insiste en que no se abrirán bases permanentes, pero las colectivas temen un precedente que erosione la neutralidad del istmo y recuerdan que los convenios de seguridad siempre llegan con cláusulas de control político.
El frente minero tampoco se enfría. A la par de la movilización, la estatal coreana Komir congeló un arbitraje de 747 millones de dólares derivado del cierre judicial de la mina de cobre en 2023. El giro confirma que la puja extractiva seguirá definiendo la agenda de Mulino y amenaza con reactivar protestas si el Ejecutivo decanta por negociar nuevas concesiones.
¿Por qué importa?
Panamá vive un momento bisagra la Caja de Seguro Social pisa fuerte el acelerador del descontento, la economía resiente bloqueos y despidos masivos, y la política exterior entra a la cancha con un inusual protagonismo militar. El movimiento feminista, históricamente marginado de la primera línea sindical, se posiciona ahora como bisagra entre gremios, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos. Su reto será convertir la calle en mesa de negociación antes de que la crispación se traduzca en más pérdidas económicas y en otro giro autoritario.
Para la región, lo que ocurra en el istmo lanza señales claras la combinación de reformas financieras impopulares, proyectos mineros cuestionados y acuerdos de seguridad sin un diálogo amplio son la receta perfecta para incendiar el debate social. Panamá, con apenas cuatro millones de habitantes, vuelve a ser espejo de los riesgos que corren las democracias si no afinan el oído a tiempo.
