El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dominado por los republicanos, citó formalmente al doctor Kevin O’Connor médico personal de Joe Biden durante su presidencia para que declare bajo juramento el 27 de junio sobre un supuesto ocultamiento del deterioro físico y mental del exmandatario. La citación, firmada por el presidente del comité, James Comer, exige que el galeno explique los criterios detrás de sus evaluaciones médicas y cualquier vínculo financiero con la familia Biden.
Según la agencia EFE, la investigación se intensificó después de que Biden, ahora de 82 años, fuese diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo con metástasis óseas, revelación que encendió las alarmas sobre si la Casa Blanca conocía la gravedad de la enfermedad antes de que terminara su mandato.
En la carta de citación, Comer subraya que O’Connor ya había rehusado comparecer voluntariamente y recuerda que su informe médico de febrero de 2024 describía a Biden como un “hombre sano, activo y robusto” evaluación que hoy luce, cuando menos, optimista.
Los abogados de O’Connor alegan deberes de confidencialidad, pero el comité sostiene que el interés público predomina, sobre todo porque el médico podría haber influido en decisiones ejecutivas de alto impacto si la salud de Biden era, en realidad, más delicada de lo comunicado.
La polémica llega apenas semanas después de que la oficina del exmandatario informara sobre la agresividad del carcinoma y su puntaje Gleason 9. Aunque el cáncer de próstata tiene en general una tasa de supervivencia a cinco años del 97 %, esa cifra se desploma al 37 % cuando, como en el caso de Biden, la enfermedad ya ha invadido otros órganos, advierte la Sociedad Americana del Cáncer.
El ambiente político añade picante al expediente el presidente Donald Trump ordenó una pesquisa paralela para determinar si algunos ayudantes de Biden “abusaron” del autopen presidencial para encubrir un declive cognitivo una teoría que expertos legales califican de poco probable, pero que avivó el debate sobre la transparencia en torno a la salud de los líderes.
Más allá del circo partidista, varios constitucionalistas recuerdan que la doctrina de confidencialidad médico-paciente no es absoluta cuando existen posibles implicaciones de seguridad nacional. Aun así, forzar a un médico a revelar historiales clínicos completos sentaría un precedente inédito y, para algunos, peligroso: abriría la puerta a convertir la salud presidencial en arma electoral permanente.
Por ahora, todas las miradas están puestas en el 27 de junio. Si O’Connor decide acogerse al privilegio médico o al amparo de la Casa Blanca, los republicanos podrían escalar el pulso con una moción de desacato. Si habla, en cambio, el Congreso y el país podrían conocer hasta qué punto las decisiones del expresidente estuvieron condicionadas por una enfermedad cuyo pronóstico, según los especialistas, combina avances terapéuticos con un margen de incertidumbre que la política no suele tolerar bien.
