El Senado mexicano aprobó este jueves la ratificación del Tratado Global de los Océanos (también conocido como Tratado de Alta Mar), un pacto que busca blindar la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales y crear reservas que cubran al menos el 30 % de los mares para 2030.
Según la agencia EFE, Greenpeace celebró la votación y subrayó que cierra más de dos décadas de arduas negociaciones. Ornela Garelli, portavoz de la organización, calificó el paso como “hito histórico” porque abre la puerta a que se protejan ecosistemas que hoy están expuestos a sobrepesca, contaminación y exploración minera en aguas profundas.
La ratificación debe publicarse ahora en el Diario Oficial de la Federación y notificarse a la ONU. Una vez depositado el instrumento, México se sumará al reducido grupo de países se necesitan 60 cuyo aval es imprescindible para que el acuerdo entre en vigor. De cumplirse el trámite en los próximos días, México aportaría la firma número 51, dejando el umbral a solo nueve naciones.
La prisa no es menor. A inicios de junio, 18 Estados anunciaron su adhesión durante la Conferencia de los Océanos de la ONU en Niza, elevando el conteo a 49 y mostrando que el impulso político existe, aunque sigue siendo frágil. Días antes de la votación en Ciudad de México, un análisis de Reuters cifraba en 50 las ratificaciones formales y advertía que el financiamiento para custodiar las futuras áreas protegidas aún dista mucho de los 15 800 millones de dólares anuales que los científicos consideran necesarios.
México enlaza este paso con políticas internas recientes la reforma a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe espectáculos con mamíferos marinos y el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, que pretende recuperar el 30 % de los ecosistemas degradados en cinco años. Sin embargo, Greenpeace recuerda que solo el 22 % de las aguas nacionales goza hoy de alguna figura de protección; el estándar mínimo recomendado es 30 %.
El Tratado Global de los Océanos complementará esos esfuerzos porque las corrientes y migraciones conectan la alta mar con zonas económicas exclusivas. Al blindar corredores ecológicos clave como montes submarinos y cañones que actúan de viveros para especies comerciales se refuerza también la pesca artesanal y la resiliencia costera frente al cambio climático.
Mientras tanto, la atención internacional se centra en los países que faltan por ratificar. Francia afirma que el tratado podría entrar en vigor en enero de 2026 si se mantiene el ritmo actual, pero el reloj corre: para alcanzar la meta 30×30 habría que declarar protegidos unos 11 millones de kilómetros cuadrados cada año de aquí a finales de la década.
En ese contexto, la decisión del Senado mexicano envía una señal de liderazgo regional y presiona a otros congresos latinoamericanos que aún no han votado. Si la presidenta Claudia Sheinbaum formaliza pronto el depósito ante la ONU, México no solo sumará una firma crucial, sino que reforzará su imagen como actor comprometido con la gobernanza oceánica y la defensa de la biodiversidad global.
