El actor Michael Pitt, recordado por papeles intensos en Boardwalk Empire y Dawson’s Creek, volvió a ocupar titulares esta vez no por su trabajo, sino por una acusación penal que lo sitúa en el centro de uno de los casos más serios que ha enfrentado un intérprete de su calibre en Nueva York. La fiscalía de Brooklyn lo imputa de novel cargos que incluyen abuso sexual en primer grado, actos sexuales delictivos, agresión y estrangulamiento, todos supuestamente cometidos contra su exnovia entre 2020 y 2021 en su residencia de Bushwick.
Según la agencia AP, el artista de 44 años se presentó el pasado viernes ante un juez, se declaró inocente y salió bajo fianza de 100 000 dólares; deberá volver a corte el 17 de junio. Su abogado, Jason Goldman, calificó las denuncias como “no corroboradas” y aseguró tener pruebas que exonerarán a su cliente.
El pliego acusatorio, al que este medio tuvo acceso, describe cuatro episodios de violencia. Entre ellos, un ataque con un bloque de cemento en junio de 2021, otro con un trozo de madera en agosto de 2020 y un episodio de estrangulación apenas dos meses después. Se trata de cargos de clase D cada uno con penas de hasta siete años de cárcel y, de ser considerados violentos, podrían computarse de forma consecutiva, multiplicando la posible condena.
Para la defensa, el caso es un “intento tardío de desacreditar” a Pitt; para los fiscales, un patrón de abuso que recién ahora llega a tribunales. Ese choque define buena parte del debate actual sobre los plazos para denunciar agresiones sexuales: en 2019, Nueva York amplió a 20 años el margen para ciertos delitos, lo que permite a las víctimas presentar cargos mucho después del hecho. Aunque la ley no se aplicó retroactivamente, el precedente legislativo ha provocado que más sobrevivientes se acerquen a la justicia.
El expediente también revive interrogantes sobre el manejo judicial de los llamados “crímenes íntimos” la estrangulación constituye un indicador estadístico de riesgo elevado de femicidio, según múltiples estudios de la National Domestic Violence Hotline. Además, activistas subrayan que el uso de objetos contundentes como el bloque de cemento descrito encaja en un patrón escalonado de violencia ascendente.
No es la primera vez que Pitt tropieza con la ley. En 2022 fue detenido tras presuntamente agredir a un hombre y, meses más tarde, fue trasladado a un hospital psiquiátrico después de un altercado público en Manhattan. Aunque esos incidentes no derivaron en condenas, añadieron combustible a la discusión sobre salud mental y consumo de sustancias en Hollywood.
A nivel de industria, el efecto va más allá del titular los estudios que consideraban a Pitt para proyectos independientes ahora evalúan cláusulas de “moralidad” más estrictas, siguiendo la estela de casos como los de Kevin Spacey y Jonathan Majors. Desde la explosión del movimiento #MeToo en 2017, al menos una veintena de producciones han sido canceladas o reescritas por denuncias de agresión o abuso sexual contra sus protagonistas, lo que demuestra cómo el riesgo reputacional se traduce en millones de dólares perdidos.
Si el proceso avanza, el jurado deberá decidir si las pruebas incluidas supuestas fotos de lesiones y mensajes de texto recuperados superan la narrativa de consenso que la defensa intenta instalar. Por ahora, el juez ha impuesto una orden de protección que prohíbe a Pitt cualquier contacto con la denunciante.
En una ciudad donde los tribunales viven abarrotados de casos de violencia de género, la acusación contra Michael Pitt le recuerda al público dominicano y al mundo que el estrellato no vacuna a nadie contra la rendición de cuentas. Falta ver si las pruebas confirman la versión fiscal o se imponen los argumentos de la defensa. Lo que sí está claro es que la conversación sobre abuso, poder y justicia en la industria del entretenimiento sigue lejos de cerrarse.
