San Cristóbal. El Ministerio Público volvió a la carga y elevó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para revocar la decisión que rebajó de 20 a 10 años la pena del coronel César Maríñez Lora, hallado culpable de la muerte a tiros de la pareja evangélica Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, ocurrida la madrugada del 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia.
De acuerdo con el expediente registrado ayer en la Secretaría de la SCJ, la procuradora de Corte Fátima Sánchez Guzmán y la fiscal titular de Villa Altagracia, Dalma Díaz, solicitan anular la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, al considerar que “desnaturaliza la gravedad del hecho” y vulnera los principios de proporcionalidad y justicia restaurativa que rigen el proceso penal.
Un expediente que no se esfuma
El planteamiento del Ministerio Público subraya que los jueces de apelación omitieron valorar pruebas claves entre ellas los videos de las cámaras corporales y los peritajes balísticos que sustentaban la condena original a 20 años contra Maríñez Lora y el raso Guillermo Rosario Melo, ambos señalados como autores de homicidio voluntario. También piden revisar el beneficio otorgado a otros siete agentes, cuatro de ellos absueltos por completo, a pesar de haber participado en la misma patrulla.
Esta jugada elevó la expectativa de los familiares de las víctimas y de organizaciones sociales que, desde el primer día, clamaron por una sentencia “ejemplar”. Para Yissel Muñoz, hermana de Elisa, la nueva acción “le devuelve un soplo de esperanza” a una familia que aún batalla con el trauma de haber visto en redes sociales los impactos de bala sobre el vehículo donde viajaban los esposos.
Precedentes que pesan
En octubre de 2023, el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia impuso 20 años de prisión al coronel y al raso, ocho años a dos subalternos por tentativa de homicidio, y absolvió al resto por insuficiencia de pruebas. El fallo fue saludado en su momento como un raro mensaje de tolerancia cero contra los excesos policiales. Sin embargo, la corte de apelación apenas siete meses después redujo a la mitad la condena principal, alegando “circunstancias atenuantes” y buena conducta procesal de Maríñez Lora.
La Suprema ahora tiene la última palabra. Si acoge el recurso, la condena de 20 años quedará restituida y el proceso volverá a su fase anterior; si lo rechaza, la rebaja quedará firme y el coronel cumpliría solo una década tras las rejas, de la cual ya ha descontado tiempo en prisión preventiva.
Más que un caso aislado
El expediente Villa Altagracia se ha convertido en un termómetro del plan de reforma policial que el Gobierno lanzó en 2022, tras una seguidilla de muertes a manos de agentes: entre ellas, las de David de los Santos en Naco y Richard Baez en Santiago. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los homicidios atribuibles a la Policía bajaron un 18 % en 2024, pero las denuncias por uso excesivo de la fuerza siguen duplicando la media regional.
Expertos en derecho penal señalan que una sentencia firme de 20 años contra un oficial de alto rango marcaría un hito: “No hay precedente reciente de una condena tan drástica contra un coronel activo por hechos ocurridos durante un operativo”, apunta la jurista Laura Acosta, quien recuerda que casos similares como el de los estudiantes José Luis Sánchez en Baní (2013) y Rubén Darío Abreu en San Pedro (2016) terminaron en penas menores o acuerdos abreviados.
Lo que viene
El proceso de casación suele demorar entre cuatro y ocho meses; primero la Sala Penal de la SCJ admitirá o no el recurso y, de ser acogido, fijará audiencia pública. Mientras tanto, Maríñez Lora permanece recluido en Najayo Hombres, donde cumple la pena reducida hasta nueva orden.
Si la Suprema da la razón al MP, la decisión podría derramar presión sobre la reforma policial: se activaría la Procuraduría Especializada en Asuntos Internos para revisar protocolos de uso de la fuerza y las capacitaciones sobre intervenciones nocturnas.
Sin importar el desenlace, este caso levanta un espejo incómodo ante un país que, en plena modernización institucional, aún lidia con un pasado de gatillo fácil. Para la familia Muñoz Díaz, la justicia no se mide en años de cárcel sino en la señal inequívoca de que esta vez la vida de dos creyentes no quedará reducida a un expediente polvoriento.
Cualquier novedad en la Suprema será el próximo capítulo de un juicio que, tres años después, sigue escribiendo la bitácora de la lucha contra la impunidad.
