La Fiscalía de Santo Domingo Oeste tiene previsto conocer este viernes, a las 12:00 p.m., la solicitud de prisión preventiva contra Eliza Valdez, señalada como responsable de la muerte violenta de su hijastro de dos años. La audiencia se celebrará en la sede del Ministerio Público de la jurisdicción, donde se espera que sean expuestos los elementos incriminatorios reunidos tras el deceso del menor.
Según reveló el medio digital deultimominuto, la investigación apunta a que Valdez, pareja del padre biológico, habría trasladado al niño al sector La Cuaba, en Los Alcarrizos, donde de acuerdo con el expediente se registraron múltiples agresiones antes del desenlace fatal.
Los parientes maternos describen un cuadro de maltrato sostenido moretones, quemaduras y un brazo enyesado sin que mediara explicación convincente. La abuela, Yaneli Vicente, relató que, desde que la madre emigró a Estados Unidos, ella se hacía cargo del pequeño y de su hermana; sin embargo, el contacto se volvió casi imposible cuando el padre los mudó con su nueva pareja.
El Ministerio Público acudirá a la audiencia con cargos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar. De imponerse la medida de coerción, la imputada quedaría recluida mientras avanza la investigación formal. Conforme al artículo 302 del Código Penal, el asesinato, el parricidio o el infanticidio conllevan hasta 30 años de reclusión mayor, la pena máxima en el país.
La tragedia pone de relieve la persistencia de la violencia infantil en República Dominicana. Un informe de UNICEF advierte que el 64 % de los niños de entre 1 y 14 años ha sufrido castigo físico o psicológico en el hogar, porcentaje que se eleva a 70 % entre los menores de 3 a 4 años. A nivel institucional, el CONANI gestionó 408 casos de vulneración de derechos de la niñez en 2024, incluidas suspensiones de autoridad parental y declaraciones de abandono.
Especialistas consultados señalan que la aplicación estricta de la Ley 136-03 y la articulación de alertas tempranas entre escuelas, centros de salud y fiscalías son cruciales para frenar patrones de abuso que, con frecuencia, escalan sin denuncia previa. Además, reclaman fortalecer los programas de acompañamiento familiar y ampliar las rutas de denuncia confidencial.
La comunidad de Los Alcarrizos aguarda ahora la decisión judicial. Si el tribunal acoge la petición de la fiscalía, Valdez permanecerá detenida mientras se completa el proceso, un paso que los familiares del menor describen como “el primer atisbo de justicia” en medio de su duelo.
