Una niña de cuatro años reportada como desaparecida pasado el mediodía del domingo en San Juan de la Maguana fue localizada sana y salva tres horas después, escondida en una vivienda a pocos metros de su hogar. El hecho sacudió a los residentes de la calle Sánchez esquina Estrelleta y puso en jaque a las autoridades, que montaron un operativo relámpago con la Dirección Regional Oeste de la Policía y el Ministerio Público.
De acuerdo con el parte oficial, la menor fue vista por última vez a las 12:20 p.m. y hallada alrededor de las 3:05 p.m. El sospechoso, Alcibíades Encarnación Lebrón, de 47 años, fue arrestado en el acto. Fuentes policiales señalan que el detenido admitió haber tocado a la niña con fines de abuso; la fiscalía ya inició la imputación por sustracción y tentativa de agresión sexual. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde un médico legista evalúa posibles daños físicos y emocionales.
Aunque el desenlace evitó una tragedia mayor, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la protección infantil en la República Dominicana. Entre 2018 y 2024, la Procuraduría General registró más de 1,600 personas desaparecidas, con Santiago encabezando la estadística (724 casos); las denuncias de rapto y extravío de menores superan el 5 % del total, según un informe divulgado en marzo pasado.
Los colectivos de derechos de la niñez advierten que la violencia contra menores persiste como problema estructural. Un reporte de UNICEF reveló que el 64 % de los niños y adolescentes dominicanos ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica en el hogar, una cifra que evidencia la vulnerabilidad cotidiana de los más pequeños.
Juristas consultados recuerdan que, tras la reforma al Código Penal de 2021, el rapto con fines sexuales constituye un delito agravado, castigado con hasta 20 años de prisión. Sin embargo, reclaman mayores recursos para las unidades de búsqueda temprana y protocolos escolares de alerta, medidas que según ellos marcan la diferencia durante las primeras horas críticas de desaparición.
El Ministerio Público continúa recopilando pruebas periciales y testimonios en la zona; se espera que en las próximas 48 horas solicite prisión preventiva contra el imputado. Mientras tanto, la comunidad de San Juan respira aliviada, pero exige respuestas de fondo para que ningún niño vuelva a correr la misma suerte.
