El recién instalado Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití lanzó este jueves un mensaje severo al Palacio Nacional dominicano. Desde Puerto Príncipe, sus integrantes denunciaron que miles de haitianos siguen siendo devueltos “en condiciones inhumanas” y exigieron que cualquier operativo migratorio se ajuste a los estándares de derechos humanos y al debido proceso.
Según la agencia EFE, el CPT también instó a Santo Domingo a reactivar el diálogo binacional para “encontrar salidas duraderas y respetuosas de la dignidad humana”, al tiempo que pidió a su propio Gobierno garantizar un retorno “digno y seguro” para quienes ya fueron repatriados.
Las fricciones se intensificaron luego de que Amnistía Internacional solicitara frenar las expulsiones colectivas y derogar el protocolo hospitalario que permite detener a pacientes sin papeles. El presidente Luis Abinader, de visita en la frontera de Dajabón, respondió tajante “Que Amnistía vaya a trabajar a Haití… Mi deber es defender la República Dominicana”.
La ONG, sin embargo, sostiene que la medida viola el derecho a la salud. El primer día del protocolo dejó 87 embarazadas haitianas detenidas en 33 hospitales públicos y, desde octubre de 2024, ya se han registrado más de 180 000 deportaciones, cifra que Amnistía califica de “expulsión colectiva” prohibida por el derecho internacional.
La Organización de las Naciones Unidas se sumó a las críticas. El portavoz Stéphane Dujarric advirtió que exigir documentos en hospitales “disuade a mujeres a punto de dar a luz de buscar atención” y recordó que vigilar fronteras no exime a ningún Estado de respetar la dignidad de los migrantes. Un informe de la OIM reseñado en la sede de la ONU confirmó que solo el martes 416 haitianos incluidas 11 gestantes fueron devueltos por Dajabón.
En el lado dominicano, la Dirección General de Migración (DGM) defiende sus operativos. Las cifras oficiales hablan de 142 378 repatriaciones entre octubre de 2024 y el 15 de febrero de 2025, un 98,8 % de ellas correspondientes a nacionales haitianos. El organismo insiste en que cada caso se “procesa individualmente” y que los procedimientos se ajustan a la Ley 285-04.
¿Choque diplomático o simple diferendo fronterizo?
La tensión no es nueva, pero se agrava en un momento delicado para ambos países:
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Vacío de autoridad en Haití: pese al nuevo Consejo de Transición, la violencia de las pandillas mantiene cerrados colegios, hospitales y hasta puertos clave. Eso empuja a más haitianos a intentar cruzar hacia el Este.
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Año preelectoral en RD: con los comicios de 2026 en el horizonte, el discurso de “orden migratorio” concentra apoyos internos —tanto oficialistas como opositores— y refuerza la popularidad de Abinader.
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Fatiga internacional: EE. UU. y la CARICOM reclaman acciones humanitarias, pero el despliegue de una misión de seguridad en Haití sigue empantanado en el Consejo de Seguridad.
¿Qué se puede esperar?
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Más rondas de diálogo bilateral. El CPT apuesta a reactivar la comisión mixta RD-Haití, paralizada desde 2022, para pactar protocolos de retorno y programas de empleo temporal.
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Presión multilateral. La ONU y la OEA barajan enviar observadores a los centros de retención dominicanos; Washington respalda la idea.
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Escalada retórica interna. El Palacio Nacional venderá mano dura como sinónimo de soberanía, mientras los sectores empresariales piden reglas claras que no afecten la agroindustria, dependiente de mano de obra haitiana.
Aunque la historia entre ambos pueblos ha sido una montaña rusa, diplomáticos consultados recuerdan que hace apenas una década se rubricó un acuerdo de regularización que demostró que el diálogo rinde frutos cuando hay voluntad política y acompañamiento internacional. Por ahora, el reto es conjugar seguridad y humanidad en la propia frontera que ambos comparten desde tiempos de la colonia.
