Unos 380 nacionales haitianos abordarán este viernes varios autobuses rumbo a la frontera para regresar por voluntad propia a su país, luego de que las autoridades dominicanas desalojaran y demolieran por completo la comunidad de Mata Mosquito, a pocos kilómetros de los hoteles de Bávaro-Punta Cana.
Según reseñó De Último Minuto, los afectados muchos de ellos con años viviendo y trabajando en la zona turística optaron por marcharse tras perder sus casuchas de zinc y madera y quedar bajo estricta vigilancia militar para impedir nuevos asentamientos.
El activista de derechos humanos Santiago Molina, quien coordina el traslado, denunció que el operativo se ejecutó sin orden judicial y calificó la acción de “arbitraria”, aunque admitió que se permitió a los desalojados rescatar sus pertenencias. Imágenes publicadas por otros medios muestran maquinaria pesada derribando las viviendas y camiones cargados con colchones, estufas y tablas rumbo a un vertedero.
Este desalojo se inscribe en la ofensiva migratoria que el Gobierno inició en octubre pasado y que, de acuerdo con cifras oficiales, ha expulsado 208 704 haitianos entre enero de 2024 y abril de 2025, lo que equivale a casi 1 deportado por cada 50 habitantes dominicanos.
La estrategia ha generado choques con organismos internacionales la ONU y Amnistía Internacional cuestionaron esta semana la detención de 87 parturientas haitianas en hospitales públicos y pidieron a Santo Domingo respetar los estándares de derechos humanos.
Más allá del pulso diplomático, el caso de Mata Mosquito expone la tensión entre la pujante industria turística de la costa Este que aporta el 15 % del PIB y la precariedad de miles de obreros haitianos que construyen hoteles, limpian habitaciones o venden frutas en la playa. Mientras los complejos de lujo compiten por huéspedes europeos y norteamericanos, al otro lado de la carretera crecen barriadas sin agua potable ni títulos de propiedad, vulnerables a operativos relámpago como el de esta semana.
Para los desalojados, el retorno voluntario abre un futuro incierto en un Haití sumido en crisis política, inseguridad y carencias básicas; para República Dominicana, la medida refuerza un discurso oficial de “orden y soberanía” que, de cara a las elecciones de 2026, busca calar entre un electorado cada vez más sensible al tema migratorio. Resta ver si el país hallará un equilibrio entre proteger su frontera y garantizar un trato digno a quienes, aun sin papeles, sostienen parte de su crecimiento económico.
