SANTO DOMINGO. Con la madrugada todavía fresca, quince fiscales de la Dirección General de Persecución y la Pepca salieron este viernes a tocar puertas en el Distrito Nacional y Punta Cana, tras la pista de la red que, según el Ministerio Público, maquilló el contrato de modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo para saquear fondos públicos. Entre los objetivos de los registros figura la residencia del empresario Aquiles Jiménez, señalado como pieza de apoyo logístico del entramado.
Las diligencias forman parte de la Operación Camaleón, abierta en noviembre de 2023, cuando se destapó que la licitación de semáforos terminó costando 1,317 millones de pesos y favoreciendo a empresas sin experiencia acreditada. La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el contrato ese mismo mes al detectar “irregularidades graves” que, según la investigación, incluyeron falsificación de ofertas técnicas y la dispersión de pagos a compañías de carpeta.
Hasta la fecha, la acusación formal señala a Hugo Beras, exdirector del Intrant; a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de Aurix S.A.S.; y a cinco exfuncionarios del organismo, todos bajo cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco. Documentos del expediente apuntan a que Beras dio luz verde a adjudicaciones “a la medida” y que Gómez Canaán fungió como proveedor privilegiado, mientras una corte interna alteraba reportes de avance para justificar desembolsos.
Aunque la suma desviada en Camaleón impacta de forma directa la movilidad capitalina, el caso no ocurre en un vacío. Desde 2023 la Pepca ha desplegado otras operaciones Calamar, Nido, 13 años que, juntas, reclaman más de 40 mil millones de pesos sustraídos en contratos a medida y sobornos a gran escala. Es la misma lógica, dicen analistas aprovechar vacíos de supervisión, inflar facturas y repartir comisiones con complicidad política y técnica.
Ahora bien, Camaleón tiene un rasgo que la hace distinta la red no solo drenó fondos; también comprometió la seguridad vial. Ingenieros consultados explican que los semáforos “inteligentes” instalados sin la calibración exigida responden tarde a las variaciones del flujo vehicular. De ahí las fallas reportadas en avenidas como 27 de Febrero y John F. Kennedy, donde la sincronización prometida nunca llegó.
El Ministerio Público asegura que los allanamientos de hoy buscan “evidencia digital y contable” para cerrar el círculo de responsabilidades y blindar la acusación antes de la audiencia de apertura a juicio, prevista para finales de agosto. Entre los dispositivos incautados hay discos duros con los correos que definieron el baremo de la licitación y los supuestos pagos cruzados. Fuentes cercanas a la investigación anticipan nuevas citaciones y, eventualmente, solicitudes de coerción para empresarios que aún no han sido imputados.
Mientras tanto, el Intrant opera con un protocolo de contingencia mantenimiento mínimo a la red semafórica y contratación de consultores externos para auditar la plataforma de control de tráfico. Los técnicos advierten que cualquier sustitución integral del sistema costará otro año de obras e implicará paralizar varias intersecciones críticas.
En la calle, los conductores se quejan de la “luz verde que nunca llega”. En los tribunales, la Pepca promete un expediente “a prueba de excusas”. Y en medio de ambos escenarios, la pregunta persiste ¿cómo un contrato pensado para agilizar el tránsito terminó como ejemplo de la misma congestión institucional que pretendía resolver?
La respuesta, dicen los fiscales, está en los correos, las actas y los cheques hallados hoy. Falta que el proceso judicial permita leerlos en voz alta.
