El altercado que paralizó ayer el bullicioso cruce de la Duarte con París no fue un forcejeo cualquiera. Agentes de la Dirección General de Migración (DGM), respaldados por soldados y policías, intentaron verificar la situación migratoria del personal de la tienda Mudan cuando, según las imágenes que circularon en redes, empleados y el propio propietario un comerciante de nacionalidad china se interpusieron a empujones. El choque dejó varios heridos leves y 35 ciudadanos haitianos detenidos sin papeles.
Según la DGM, el comerciante será sometido a la justicia por obstruir la labor oficial y agredir a los inspectores, una infracción que podría acarrearle, además de cargos penales, multas que oscilan entre cinco y treinta salarios mínimos, tal y como prevé el artículo 132 de la Ley General de Migración 285-04. La institución recordó que en lo que va de 2025 ha expulsado a más de 143 000 extranjeros en situación irregular, de los cuales la mayoría son haitianos indocumentados.
La acción contra Mudan se inscribe en una campaña de interdicción que, solo la última semana, retuvo a 1 636 personas sin estatus legal en distintos puntos del país. Las autoridades afirman que los operativos se basan en inteligencia previa y buscan “proteger el mercado laboral dominicano”, mientras que organizaciones de derechos humanos cuestionan la dureza de los procedimientos y denuncian casos de excesos, sobre todo contra mujeres y menores.
El comercio minorista de la Duarte, con fuerte presencia de empresarios chinos, lleva años bajo la lupa por contratar mano de obra extranjera barata. Aunque la práctica no es exclusiva de ese corredor, Migración advierte que continuará visitando negocios que empleen personal sin documentación, sin descartar cierres temporales o definitivos para reincidentes.
Para los empleadores, el mensaje es claro además de la sanción económica, enfrentar la DGM en la calle ahora puede conducir a un expediente penal que complique permisos, licencias y operaciones bancarias. “La tolerancia cero llegó al mostrador”, comentaba un abogado laboralista tras conocerse la medida contra Mudan.
Mientras tanto, los 35 trabajadores haitianos detenidos aguardan en el Centro de Retención de Haina la depuración que determinará si serán deportados o regularizados. La rapidez con que se procese su caso y el del comerciante que los contrató será la próxima prueba de fuego para un sistema migratorio que, pese a su endurecimiento, sigue presionado por la falta de mano de obra formal y la fragilidad institucional en la vecina Haití.
