La Dirección General de Migración (DGM) volvió a mover ficha este lunes con un operativo relámpago en Gonzalo y Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, y sacó de circulación a 42 ciudadanos haitianos sin papeles, quienes ya fueron trasladados al Centro de Acogida de Haina para el proceso de rigor que exige la Ley 285-04.
Según CDN, las redadas arrancaron tras denuncias de vecinos que se quejaban del aumento de asentamientos irregulares y de ciertas prácticas culturales que -dicen- chocaban con la cotidianidad de la zona. La propia DGM insiste en que actuó “con pleno respeto a los derechos humanos” y dentro del marco legal vigente.
Otros medios, como RC Noticias, confirman que la operación forma parte de un plan sostenido que combina patrullaje terrestre y el apoyo de inteligencia comunitaria para ubicar focos de migración irregular. Este enfoque responde a la línea dura que, bajo la actual gestión del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, busca frenar la entrada irregular por la porosa frontera con Haití.
La normativa que respalda el procedimiento data de 2004. El artículo 27 de la Ley 285-04 deja claro que las deportaciones deben realizarse “con debido respeto a los derechos humanos”, algo que la DGM recalca en cada comunicado para evitar la presión de organismos internacionales. Pese a eso, ONG locales denuncian falta de traductores y tiempos de detención superiores a las 48 horas recomendadas, un vacío que el Estado promete subsanar con la reforma reglamentaria anunciada para julio.
Las cifras dan contexto al clima actual en lo que va de 2025, República Dominicana ya ha expulsado a más de 114 000 haitianos, un ritmo que deja atrás los 276 215 deportados en todo 2024 y enciende el debate regional sobre la capacidad de absorción de Haití, sumido en una crisis de seguridad y gobernabilidad. De hecho, desde 2016 se contabilizan 1,17 millones de retornos, lo que convierte al país en el mayor expulsor de haitianos del hemisferio occidental.
Analistas migratorios señalan que este tipo de operativos “quirúrgicos” en comunidades rurales buscan dos cosas desarticular redes de mano de obra informal que atraen a indocumentados y enviar un mensaje político de control interno, sobre todo cuando la presión social escala en tiempos de escasez de empleos. Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que aumentar las deportaciones no frena el flujo; solo lo encarece y lo hace más peligroso para los migrantes, que terminan arriesgándose a rutas marítimas cada vez más mortales.
¿Qué sigue?
La DGM adelantó que Monte Plata no será la última parada en el calendario figuran retenes en las provincias Duarte y La Vega, además de operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en los cruces fronterizos informales de Elías Piña. Mientras tanto, comunidades como Gonzalo celebran la “vuelta a la normalidad”, aunque la realidad es más compleja: los haitianos deportados suelen regresar o reubicarse, y el ciclo continúa.
En un país que depende históricamente de la mano de obra haitiana en construcción y agro, el reto no es solo patrullar, sino diseñar un sistema de visados temporales que garantice tanto el respeto a la ley como la estabilidad laboral. Hasta que ese equilibrio no llegue, los operativos seguirán siendo la cara visible de una política migratoria que camina en la cuerda floja entre la seguridad interna y la responsabilidad humanitaria.
