SANTO DOMINGO. El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) volvió a prender la alarma sobre la mora que arrastra la justicia dominicana en los expedientes de gran corrupción, señalando que la táctica de incidentes y aplazamientos sigue torpedeando los juicios más sensibles del país.
Según un comunicado de PC difundido este domingo, la entidad pidió “aligerar la carga” de los dos tribunales colegiados del Distrito Nacional que llevan los procesos Medusa, Coral, AntiPulpo y otros, porque sus jueces lidian al mismo tiempo con medio centenar de causas ordinarias.
El Poder Judicial pareció escuchar el clamor y, desde el 6 de mayo, sacó temporalmente del sorteo de nuevos expedientes al Primer y Segundo Tribunal Colegiado para que puedan concentrarse en los casos complejos. La medida durará al menos quince días hábiles y se revisará de forma periódica, con la meta de que los procesos “no mueran ahogados en papeles”, como admitió la propia institución.
Aun así, el ritmo continúa trabado. El juicio de fondo del caso Medusa que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez tuvo que iniciar de cero en marzo tras la recusación de su antiguo tribunal, y el proceso AntiPulpo, donde figura Alexis Medina, apenas sumó 11 audiencias efectivas entre marzo y mayo, dedicadas casi por entero a discursos de cierre.
Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte, reconoce que el 44 % de los tribunales penales sigue atrasado y advierte que cada aplazamiento “erosiona la confianza ciudadana”. Pese a algunos avances 47 986 expedientes resueltos entre 2019 y 2024, la mora todavía es el talón de Aquiles del sistema, admite el magistrado.
El costo reputacional se siente afuera la República Dominicana obtuvo apenas 36 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, muy por debajo del promedio regional de 43, reflejando que la impunidad percibida sigue pesando más que los esfuerzos de modernización judicial.
Frente a ese panorama, PC insiste en que liberar a los tribunales de una sobrecarga “inmanejable” es apenas el primer paso. Propone calendarios rígidos, sanciones a las maniobras dilatorias y un seguimiento público de las audiencias para reducir el margen de maniobra de los imputados con poder y recursos.
Mientras tanto, las víctimas y el erario continúan esperando. Si la justicia no acelera, el mensaje que cala en la calle es claro en República Dominicana el tiempo sigue jugando a favor de los acusados de cuello blanco.
