Los movimientos en la zona limítrofe han tomado un giro intenso en las últimas jornadas. Empleados de la Dirección General de Migración y miembros de las Fuerzas Armadas aumentaron sus patrullajes, con el fin de retener a quienes entren al país sin documentación y prevenir que productos de consumo se desplacen hacia la parte alta del territorio. Se avista un escenario de mayor rigidez, marcado por revisiones constantes tanto en las vías principales como en las carreteras secundarias.
Tal como informa el Listín Diario, de la mano del periodista Odalis Báez, la preocupación gubernamental gira en torno a quienes buscan evadir los controles y permanecer sin papeles. El anuncio hecho recientemente por el presidente Luis Abinader, consistente en 15 medidas firmes para proteger la soberanía nacional, ha reforzado el ambiente de cautela en esta franja fronteriza, donde las autoridades inspeccionan vehículos y personas que circulan cerca del muro perimetral.
Las deportaciones y retornos crecieron en los últimos días, confirmando que la vigilancia no solo se concentra en la línea divisoria, sino que se extiende a áreas rurales. De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración publicados en 2023, alrededor de 30 mil ciudadanos haitianos fueron devueltos a su país en el primer semestre del año. Estos operativos, sumados a la vigilancia del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (Cesfront) y unidades del Ejército dominicano, se combinan para mantener un cerco estricto en los caminos que comunican con comunidades vecinas.
Fuentes ligadas a organizaciones binacionales, como el Centro Dominicano-Haitiano de Diálogo, señalan que las tensiones podrían impactar los intercambios comerciales, en vista de que muchos haitianos viajan regularmente para adquirir bienes. Mientras tanto, las relaciones históricas entre ambas naciones continúan marcadas por el flujo migratorio, el trabajo temporal en fincas agrícolas y la colaboración en actividades de construcción. Los soldados y el personal de migración aseguran que su compromiso se centra en dar cumplimiento a la ley y salvaguardar la seguridad nacional.
En medio de estos cambios, la población local observa de cerca los controles. Vendedores y transportistas temen que la dinámica en los mercados se vea afectada, aunque reconocen que mantener un registro de quién entra o sale del país ayuda a evitar actividades ilegales. Algunos comunitarios han manifestado la urgencia de un diálogo más profundo entre ambas naciones para encontrar soluciones sostenibles a la compleja situación. De cualquier modo, la mirada oficial insiste en fortalecer las políticas migratorias y reforzar la supervisión, sin descuidar la convivencia pacífica que históricamente ha caracterizado a los pueblos de la zona fronteriza.
