La Fiscalía de Santo Domingo Oeste pedirá que Elisa María Valdez Muñoz sea enviada a prisión preventiva, tras imputársele la muerte de su hijastro de apenas dos años ocurrida el 14 de mayo en el barrio Duarte, La Cuaba, municipio Pedro Brand.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por la fiscal Yessica Durán, el infante fue llevado a un centro de salud público con moretones en todo el cuerpo y una fractura en el brazo izquierdo; los médicos lo declararon con muerte cerebral pocas horas después. La denuncia llegó al Ministerio Público a través de la línea de emergencias “Línea Vida”, y la investigación recoge indicios de maltrato físico, abuso psicológico y trato negligente que la Fiscalía considera suficientes para sustentar la acusación de homicidio voluntario.
De comprobarse su responsabilidad, Valdez Muñoz enfrentaría una pena que, en escenarios similares, ha alcanzado hasta 30 años de prisión, de acuerdo con exfiscales consultados por medios locales que citan el tope establecido en el Código Penal dominicano para homicidios con agravantes contra menores. La indagatoria no descarta posibles cargos de complicidad o negligencia contra el padre del niño si se probara que conocía los malos tratos y no actuó.
El caso revive el debate sobre la violencia infantil en el país. Solo en el primer trimestre de 2024, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) recibió 1 062 denuncias de maltrato, y estudios de la ONE y UNICEF indican que un 64 % de los niños dominicanos de 1 a 14 años ha sufrido disciplina violenta en el hogar, porcentaje que sube al 70 % entre los más pequeños. Las organizaciones de defensa de la niñez han reiterado la necesidad de fortalecer programas de prevención y detección temprana, así como de dotar al sistema judicial de recursos especializados para tratar este tipo de delitos.
El Ministerio Público adelantó que solicitará la medida coercitiva en las próximas horas, argumentando peligro de fuga y la gravedad del hecho. Mientras tanto, la comunidad de La Cuaba permanece consternada; vecinos han organizado vigilias y reclaman mayor vigilancia de los organismos de protección infantil. También piden un acompañamiento psicológico tanto para la familia del menor como para los residentes que presenciaron la agresión.
Juristas consultados recuerdan que la Ley 24-97 y el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) permiten al tribunal imponer medidas de protección inmediatas para cualquier menor que conviva con el imputado, así como ordenar evaluaciones psiquiátricas obligatorias cuando se detectan patrones de abuso. A la luz de esos marcos legales, la audiencia de medida de coerción será clave no solo para determinar el destino procesal de Valdez Muñoz, sino también para fijar el alcance de las investigaciones sobre otros posibles responsables.
Aunque el país ha dado pasos para reforzar la protección de la infancia, expertos advierten que los casos de violencia intrafamiliar siguen sub-registrados y que la respuesta estatal aún es reactiva. Este proceso, por su crudeza y la corta edad de la víctima, podría convertirse en un termómetro de la voluntad real de las autoridades para cerrar la brecha entre la ley y la práctica.
