Los pasillos de Harvard amanecieron con un golpe inesperado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó con efecto inmediato la autorización que permite a la universidad matricular alumnos de otros países y dio 60 días a los casi 6 800 extranjeros que cursan allí para trasladarse a otra institución o abandonar Estados Unidos. La medida, firmada por la secretaria Kristi Noem, coloca a la icónica universidad en el centro de una cruzada política que la administración de Donald Trump libra contra lo que califica de «elitismo progresista» en la academia.
Según la agencia EFE, la carta del DHS acusa a Harvard de «fomentar antisemitismo, tolerar violencia en su campus y coordinarse con el Partido Comunista chino», argumentos que la Casa Blanca considera suficientes para retirar el “privilegio” de recibir estudiantes internacionales.
Para la institución, el impacto va mucho más allá del prestigio: los estudiantes foráneos representan el 27 % de su matrícula y pagan una colegiatura que roza los 60 000 dólares anuales sin contar alojamiento y alimentación, ingresos clave para mantener becas y programas de investigación. A escala nacional, las posibles réplicas del caso estremecen al sistema universitario: sólo en 2023-2024, los casi 1,1 millones de estudiantes internacionales aportaron 43 800 millones de dólares y sostuvieron más de 378 000 empleos en EE. UU., según cálculos de NAFSA.
Un capítulo más de un viejo pulso
Esta no es la primera vez que la Casa Blanca de Trump usa la vía migratoria como palanca de presión. En julio de 2020, en pleno auge de las clases en línea por la pandemia, la administración intentó obligar a los estudiantes extranjeros a abandonar el país si su universidad impartía todo su plan docente de forma virtual; la norma fue retirada solo tras una demanda conjunta de Harvard y el MIT respaldada por decenas de centros.
Cinco años después, la estrategia se repite, pero la Casa Blanca eleva la apuesta al bloquear de raíz la presencia de cualquier alumno extranjero en la universidad a la que considera su adversario ideológico. El castigo financiero previo más de 2 600 millones de dólares en subvenciones federales congeladas este mes parecía preludiar un paso mayor; ahora se confirma.
Consecuencias inmediatas y campo de batalla legal
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Estudiantes atrapados: con el semestre a punto de cerrar exámenes, miles de alumnos deben decidir si se transfieren, interrumpen sus estudios o se exponen a perder el estatus migratorio. Ni el DHS ni Harvard precisaron si ofrecerán un periodo de gracia extendido.
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Efecto dominó: otras universidades, sobre todo las que han denunciado públicamente los recortes de financiación o han apoyado protestas propalestinas, temen convertirse en el próximo blanco. La propia carta de Noem advierte que la medida es “un aviso a todas las instituciones académicas”.
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Demanda inevitable: expertos en derecho migratorio anticipan que Harvard recurrirá la revocatoria en tribunales federales. La universidad ya demostró en 2020 que puede alinear a buena parte del “Ivy League” y grandes firmas tecnológicas, interesadas en retener talento global.
Una jugada con costo político y económico
Paradójicamente, los estados que apoyan al presidente obtienen beneficios sustanciales de este flujo de estudiantes. Solo Massachusetts, donde se ubica Harvard, recibe más de 3 900 millones de dólares al año por concepto de matrícula, consumo y empleos creados, de acuerdo con la misma investigación de NAFSA. Desactivar ese motor puede significar menos ingresos fiscales, recorte de becas y reducción de plantilla docente, un efecto que se sentiría de inmediato en la economía local.
A nivel internacional, la suspensión envía una señal de incertidumbre a los futuros solicitantes: Estados Unidos, históricamente líder en captación de talento, podría ver cómo estudiantes de alto rendimiento miran hacia Canadá, Reino Unido o Australia, mercados que ya compiten agresivamente por ellos.
El dilema de la «seguridad» versus la apertura académica
La administración Trump justifica la decisión en nombre de la seguridad nacional: acusa a Harvard de “permitir agitadores proterroristas” y de recibir “influencia indebida” de Pekín. Sin embargo, ningún informe público del FBI ha presentado pruebas que sustenten la colusión con el Partido Comunista chino. Para críticos de la medida, la Casa Blanca mezcla preocupaciones legítimas como los riesgos de espionaje académico con una narrativa política que busca fidelizar a su base electoral señalando a un enemigo interno conveniente.
Lo que viene
Mientras la comunidad universitaria digiere el anuncio, los decanos afinan estrategias de litigio y buscan alternativas para que sus estudiantes no queden en un limbo migratorio. En Washington, senadores demócratas preparan un proyecto de ley que revertiría la potestad del DHS de cancelar programas de visado sin revisión del Congreso. Del otro lado, la campaña de Trump ya festeja la movida como “un paso firme contra campus hostiles”.
Harvard, por su parte, reiteró que “defenderá su misión académica” y anunció asesoría legal gratuita para cada estudiante afectado. La batalla, esta vez, promete ser más larga y costosa, y se libra no solo en los tribunales, sino también en el debate sobre el futuro de la educación superior en Estados Unidos y su apertura al mundo.
