La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) arrancó, con el pie firme, una pesquisa a las empresas Agroindustrias Coralis (AGROCO) y Credi Med por supuestas maniobras colusorias en tres licitaciones de los Comedores Económicos del Estado. La entidad halló coincidencias “demasiado convenientes” en las ofertas técnicas y económicas, además del uso de un mismo notario aun estando cada firma en provincias distintas un patrón que, si se comprueba, apuntaría a un acuerdo para repartirse el pastel de los contratos de alimentos crudos.
Al detallar el expediente, Pro-Competencia subraya que la apertura de la investigación no adelanta culpabilidad; es apenas el primer paso de un proceso que ahora dará 20 días hábiles a las partes para defenderse y aportar descargos. El organismo ya notificó al Consejo Directivo, a Compras y Contrataciones y a los mismos Comedores Económicos, dejando claro que la lupa se mantendrá sobre cada documento y entrevista pertinente.
El tamaño de la falta (y de la multa)
Si las sospechas se confirman, las compañías se enfrentarían al artículo 5 de la Ley 42-08, que prohíbe cualquier pacto entre competidores destinado a distorsionar la libre concurrencia en licitaciones públicas. La sanción no es un regaño simbólico va de 30 a 3 000 veces el salario mínimo oficial. Con el mínimo nacional fijado en RD$ 21 674.80 desde abril de 2025, la multa oscilaría entre unos RD$ 650 244 y RD$ 65 024 400.Esta horquilla podría cambiar si la autoridad decide aplicar el tope sectorial que en empresas grandes ronda los RD$ 27 989 pero, incluso en el extremo bajo, la factura es suficiente para hacer sudar a más de un gerente.
Por qué importa la colusión en compras estatales
Manipular licitaciones no solo encarece el plato del día para el fisco; también erosiona la confianza ciudadana en la gestión de recursos públicos. La Dirección General de Contrataciones ha advertido en múltiples guías que los acuerdos entre oferentes pueden elevar los precios hasta un 20 % y limitar la innovación. A nivel global, la OCDE volvió a poner el tema sobre la mesa con su Recomendación 2023 para combatir la colusión en compras, instando a los gobiernos a rediseñar sus procesos y afinar los radares de detección.
Lecciones de la región y señales de alerta
Casos recientes en Perú y México donde los carteles de insumos médicos y de asfalto terminaron pagando millones muestran que las similitudes en formularios, precios idénticos y hasta el uso del mismo courier para enviar sobres son campanas de alerta. En la investigación dominicana, el notario compartido y la “coincidencia quirúrgica” en cifras de las ofertas no pasan desapercibidos. Si la evidencia apunta a coordinación, Pro-Competencia podría además recomendar la inhabilitación temporal de las firmas, un castigo contemplado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Próximos pasos y posibles salidas
Durante la fase de instrucción, la autoridad puede ofrecer a las empresas un “compromiso de cese”un acuerdo que exige reconocer la práctica, detenerla y adoptar un programa de cumplimiento estricto, a cambio de una reducción de la multa. No es garantía el Consejo Directivo suele conceder esa vía solo si los indicios son leves y la colaboración es plena. Si hay resistencia o pruebas contundentes, el caso pasa a sanción, y ahí las cifras se vuelven inapelables.
Mientras tanto, la investigación envía un mensaje claro al mercado: las licitaciones públicas ya no son terreno fértil para pactos a puerta cerrada. El escrutinio técnico llegó para quedarse, y cada peso malgastado en colusión es un peso que la ciudadanía deja de ver en servicios esenciales.
Glosario rápido
-
Colusión: acuerdo secreto entre competidores para manipular precios o resultados de licitaciones.
-
Ley 42-08: marco legal dominicano que sanciona prácticas anticompetitivas.
-
Salario mínimo oficial: base de cálculo para multas; reajustado a RD$ 21 674.80 en abril 2025.
