Santo Domingo. Las familias de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura elevaron el pulso del caso Jet Set al presentar una querella con constitución en actor civil por cien millones de pesos dominicanos, tras la muerte de Lirisset Ventura Brito en la afamada discoteca capitalina. La acción, radicada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, acusa de homicidio involuntario por negligencia a los propietarios del centro nocturno, Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, a su firma Inversiones E y L, S.R.L., y extiende la responsabilidad al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al propio Estado.
El pliego acusatorio, sustentado en el artículo 319 del Código Penal y en los artículos 1382-1384 del Código Civil, señala que la discoteca operaba sin las condiciones mínimas de seguridad exigidas para locales de alta concurrencia. Para el abogado Jean Cristofer Pérez Lebrón, representante de las demandantes, la omisión estatal y municipal de fiscalizar los permisos y los sistemas de emergencia “creó el caldo de cultivo de una tragedia perfectamente evitable”.
El trasfondo es el colapso del techo del Jet Set, ocurrido la noche del 8 de abril de 2025 durante un concierto de merengue. Las primeras investigaciones cifraron en 98 los fallecidos, mientras reportes posteriores del Centro de Operaciones de Emergencias elevaron el saldo a 113 víctimas mortales y 160 heridos, convirtiendo el siniestro en el peor desastre en un recinto de ocio del país en lo que va de siglo.
Más allá de la cifra, el expediente apunta a una cadena de fallas ausencia de rutas de evacuación señalizadas, sistemas contra incendios inoperantes y advertencias ignoradas sobre la sobre-carga estructural del techo. De prosperar la querella, los imputados se exponen a penas de hasta cinco años de prisión y al pago íntegro de la indemnización, mientras que el Estado y la alcaldía podrían enfrentar demandas patrimoniales adicionales por violar el deber constitucional de proteger la vida en espacios públicos.
Especialistas consultados recuerdan precedentes como la sentencia del incendio de la discoteca “República Cromañón” en Argentina (2004), donde la Justicia impuso severas condenas a los dueños y a funcionarios municipales por omisión de controles. En opinión del penalista Julio Cury, este expediente dominicano “podría marcar un antes y un después en la cultura de la inspección edilicia y la responsabilidad compartida”.
Mientras la Fiscalía analiza las pruebas peritajes estructurales, videos de seguridad y testimonios de supervivientes, los deudos confían en que el proceso siente un precedente sólido que ninguna pista de baile se convierta otra vez en una trampa mortal por falta de supervisión y por la cultura del “dejarlo pa’ después” que tantas vidas ha cobrado en nuestro país.
