La decisión de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, emitida el pasado viernes, colocó a Puerto Rico en la ruta del reconocimiento pleno de las identidades no binarias al ordenar que el Registro Demográfico permita la “X” en los certificados de nacimiento. El fallo responde a la demanda de seis puertorriqueños cuyo marcador de género no encaja en la categoría tradicional binaria.
Según la agencia EFE, la magistrada concluyó que negar la “X” viola la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, al no existir justificación racional para tratar de forma distinta a quienes no se identifican como hombre ni mujer. El Registro Demográfico deberá, por tanto, actualizar su formulario de cambio de género e incluir la tercera opción de inmediato.
El dictamen llega en un momento de fuerte tensión política en torno a los derechos de las personas LGBTQ+. Mientras en varias jurisdicciones de Estados Unidos se aprueban leyes que restringen la actualización de documentos, el Departamento de Estado abrió la puerta en 2022 a los pasaportes con marcador “X”, permitiendo la autoidentificación sin prueba médica. Ese antecedente pesó en la argumentación de Antongiorgi Jordán, quien enfatizó que un mismo ciudadano no debería portar documentos contradictorios.
A nivel estatal la realidad sigue siendo desigual solo 16 estados y el Distrito de Columbia aceptan la “X” en actas de nacimiento, mientras otros exigen procesos judiciales o directamente vetan cualquier designación no binaria. La situación crea un mosaico legal que complica la movilidad y la vida diaria de miles de personas, pues un documento con la “X” en un estado puede resultar inválido en otro.
Fuera de EE. UU., la tendencia apunta a una mayor inclusión. Argentina adoptó la “X” en su Documento Nacional de Identidad en 2021 y Canadá lo hace en pasaportes desde 2019. Estos avances sirven de referencia a cortes y legisladores caribeños, donde el debate recién toma fuerza y Puerto Rico marca un precedente regional.
Más allá del alcance simbólico, el cambio tendrá efectos concretos evitará el outing involuntario en trámites bancarios, escolares o médicos y reducirá el riesgo de discriminación. El tribunal subrayó que la dignidad de la persona no debe depender de un “encasillado forzoso” cuando la tecnología de registro permite opciones inclusivas sin costo relevante.
Esta victoria legal no resuelve todos los escollos. Activistas señalan que el próximo paso es armonizar licencias de conducir y registros escolares, y extender protecciones contra crímenes de odio. Sin embargo, el fallo abre un camino jurídico para otras islas del Caribe donde la discusión apenas asoma. Como dijo Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, “se trata de poner la promesa de igualdad constitucional en práctica”, y ya Puerto Rico dio un paso que el resto de la región no podrá ignorar por mucho tiempo.
