El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) reafirmó este jueves que la República Dominicana “no cederá un ápice” en su obligación de proteger las fronteras frente a las amenazas derivadas de la crisis en Haití, al responder al reclamo formulado por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) del vecino país.
la Cancillería recordó que las repatriaciones de haitianos en situación irregular se realizan dentro del marco legal dominicano y de los protocolos internacionales vigentes, al tiempo que reiteró su disposición a mantener un canal de diálogo “franco y respetuoso” con Puerto Príncipe y con los organismos multilaterales.
Los números avalan la firmeza oficial solo entre octubre de 2024 y marzo de 2025, más de 180 000 personas fueron retornadas a Haití en operativos supervisados por la Dirección General de Migración, un ritmo que coloca al país entre los de mayor actividad migratoria del continente.Voceros del Gobierno subrayan que las deportaciones se coordinan con la Cruz Roja y la OIM para garantizar un procedimiento digno; activistas insisten en que persisten casos de maltrato y perfiles raciales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que las redadas incluyeron mujeres embarazadas y menores de edad, tildando la práctica de “inhumana y discriminatoria”El Mirex replicó que todo extranjero, sin importar su condición, recibe atención médica de emergencia antes de cualquier traslado, haciendo valer el principio de “salvar vidas primero, repatriar después”.
El trasfondo es una Haití al borde del colapso, con bandas armadas que controlan parte de Puerto Príncipe y provocan desplazamientos masivos. Para la ONU, el país vecino “se acerca a un punto de no retorno” si no se refuerza de inmediato su seguridad interna. Ese escenario alimenta la presión migratoria sobre territorio dominicano, cuya economía ya destina el 15 % del gasto hospitalario a atender indocumentados, según cifras oficiales.
Hace dos semanas, el presidente Luis Abinader anunció medidas adicionales más soldados en la franja fronteriza, multas a quienes alquilen viviendas a indocumentados y controles de estatus migratorio en hospitales tras la atención médica. La oposición lo acusa de ceder ante grupos ultranacionalistas; el Palacio Nacional replica que se trata de “decisiones dolorosas pero necesarias” para preservar la paz social.
En medio de la tensión binacional, diplomáticos dominicanos y el CPT negocian una hoja de ruta que incluya seguridad fronteriza, reapertura comercial y planes de retorno voluntario con apoyo internacional. Estados como Dinamarca, en el Consejo de Seguridad de la ONU, piden sanciones focalizadas contra cabecillas de bandas haitianas para frenar la violencia que empuja la migración.
Mientras tanto, sectores empresariales dominicanos advierten que la construcción y la agroindustria tradicionalmente dependientes de mano de obra haitiana podrían resentirse si los controles migratorios no se acompañan de un plan para regularizar trabajadores esenciales. El Mirex asegura que las repatriaciones continuarán, pero “sin cerrar la puerta a soluciones creativas” que permitan cubrir la demanda laboral y, a la vez, garantizar la seguridad nacional.
Analistas consultados señalan que el pulso migratorio se ha convertido en un termómetro político rumbo a las elecciones de 2026 mano firme para unos, reto humanitario para otros. Lo cierto es que la isla comparte algo más que geografía; comparte destinos que, aunque distintos, están ineludiblemente entrelazados.
