El 21 de abril entró en vigor el nuevo Procedimiento para la Atención de Pacientes Extranjeros en los hospitales de la red pública dominicana, fruto de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Migración (DGM). La normativa estructura el ingreso, el registro y el seguimiento de los ciudadanos no nacionales que requieran servicios médicos, conciliando deberes humanitarios con la obligación estatal de proteger la sostenibilidad financiera del sistema.
De acuerdo con el portal deultimominuto , el documento dispone que, una vez estabilizado el paciente, el personal de admisión deberá solicitar pasaporte, documento de identidad o cualquier prueba válida de residencia. En casos de urgencia vital, la atención se prestará de inmediato; no obstante, una vez superada la emergencia, el expediente se remitirá a la DGM para la verificación del estatus migratorio y, de ser necesario, la coordinación de un proceso de repatriación.
El director del SNS, doctor Mario Lama, justificó la medida señalando que el Estado dedica cada año entre diez y quince mil millones de pesos a servicios dirigidos, principalmente, a personas en situación migratoria irregular, cifra que según subrayó amenaza la estabilidad presupuestaria del sector salud. Por su parte, el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, sostuvo que el protocolo refuerza la política migratoria sin mermar los derechos fundamentales de los extranjeros que residen o transitan en territorio nacional.
El procedimiento establece cuatro pilares operativos:
-
Triaje documentado: el paciente presenta sus datos de identidad tan pronto su condición clínica lo permita.
-
Registro dual: la información se ingresa simultáneamente en las bases de datos del SNS y la DGM, garantizando trazabilidad.
-
Cobro diferenciado: cuando no exista seguro local ni residencia legal, el hospital facturará el costo completo y podrá gestionar el resarcimiento a través de la Cancillería.
-
Repatriación humanitaria: tras el alta, el extranjero en condición irregular será trasladado a un centro migratorio para los fines correspondientes.
El Colegio Médico Dominicano saludó la intención de ordenar el flujo de pacientes, aunque advirtió que la verificación migratoria debe recaer en inspectores especializados y no en el personal sanitario. Organizaciones de la sociedad civil, en cambio, han expresado preocupación por la posibilidad de que la medida disuada a sectores vulnerables de acudir a tiempo a los hospitales, con el consiguiente riesgo epidemiológico para la población general.
El Gobierno evaluará los resultados del protocolo a los seis meses de su implementación. De confirmarse una reducción significativa en los gastos asociados a la atención de extranjeros irregulares y sin menoscabo de la salud pública, el Ministerio de Salud Pública proyecta escalar la iniciativa a todos los centros de segundo y tercer nivel. Hasta entonces, el debate sobre el equilibrio entre control migratorio y acceso universal a la salud permanecerá en el centro de la agenda nacional.
