Un cargamento de cables de cobre valorado en unos 300 000 euros más de RD$20 millones fue sustraído el 8 de junio del almacén donde se resguardan los insumos para la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo y rescatado cinco días después, cuando los ladrones se preparaban para enviarlo en un contenedor rumbo a China.
El golpe fue posible porque un vigilante interno, Enercido Viola Familia, y el ex‐empleado de seguridad Jonathan Enmanuel Vásquez Núñez desconectaron los «breakers» y dejaron a oscuras las cámaras; acto seguido, un camión cargó dos rollos de cable sustentador de 120 mm² y un hilo de contacto del mismo calibre.
La banda seis detenidos y dos prófugos empaquetó el material en el local “Reciclaje M&M”, en la calle La Española, listo para zarpar. La Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron el sitio el 13 de junio, impidiendo que el cableado saliera del país y evidenciando la necesidad de monitorear el reciclaje de metales, un sector que mueve millones en la región.
La sustracción golpea de frente a la obra civil de 7,3 kilómetros y cinco estaciones que aún no tiene fecha oficial de entrega. Voceros de OPRET recuerdan que, pese a que el Gobierno prometió inaugurar la línea en 2024, el proyecto sigue “sin ventana de corte”, lo que añade presión política y social sobre el cronograma.
Más allá del impacto local, el caso refleja un patrón global la exportación ilegal de chatarra de cobre hacia Asia. En abril pasado, analistas de Recycling Today advirtieron que las tensiones arancelarias entre EE. UU. y China ya encarecen el flujo de cobre reciclado. Ese entorno hace que compradores inescrupulosos busquen rutas más baratas y clandestinas en el Caribe.
¿Qué nos deja este episodio?
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Blindaje interno: subcontratar vigilancia sin protocolos robustos abre brechas; los almacenes críticos deben integrar sensores autónomos y registros biométricos.
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Trazabilidad: marcar cables con micrograbados o tintas UV permitiría rastrearlos incluso fuera del país.
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Supervisión al reciclaje: la Dirección de Aduanas y Medio Ambiente necesita un registro nacional de exportadores de metales, para cruzar volúmenes de salida con proyectos públicos activos.
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Comunicación pública: OPRET haría bien en publicar avances mensuales y riesgos identificados; la transparencia reduce oportunidades de sabotaje.
El robo fracasó gracias a una respuesta policial rápida, pero deja claro que la seguridad de infraestructuras estratégicas debe evolucionar al ritmo de la criminalidad y del mercado global de metales. Fortalecer los controles hoy evita que el próximo contenedor parta sin retorno.
