El incremento vertiginoso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España que para 2025 ya alcanza 16.576 euros brutos al año, distribuidos en catorce pagas ha sacudido el bolsillo de empresas y trabajadores por igual. Más de la mitad de las comunidades autónomas ven cómo el SMI sobrepasa el 70 % del sueldo promedio, un fenómeno inédito que redefine la conversación sobre competitividad y empleo.
Como detalla Ignacio Flores en elEconomista, el Gobierno de Pedro Sánchez rebasó con creces su meta original del 60 % del salario medio nacional. Desde 2018, las subidas a ritmo de dos dígitos han convertido el salario mínimo en un cohete sin aparente techo, mientras el Ministerio de Trabajo coquetea con la idea de indexar estos repuntes de forma automática cada ejercicio.
Un mapa de contrastes y alertas
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Regiones más expuestas: Extremadura, Andalucía, Murcia y Canarias ya sitúan el SMI por encima del 70 % del salario medio. Estas economías, con fuerte presencia de pymes y sectores de baja productividad, podrían sufrir un frenazo en contrataciones formales, según advierte la patronal CEPYME.
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Bolsillos más holgados: Madrid, Cataluña, Navarra y el País Vasco siguen por debajo del umbral del 60 %, reflejando brechas salariales que complican el diseño de un salario mínimo “único” y equitativo.
El Banco de España estima que la histórica subida de 2019 (22 %) se tradujo en la pérdida o el bloqueo de hasta 180 000 empleos. Los economistas del organismo insisten en que las futuras alzas deberían acompasarse con la productividad y la realidad sectorial, para evitar el efecto “boomerang” en la creación de puestos de trabajo.
El costo real para las pymes
CEP YME calcula que el último incremento del 4,4 % implica entre 78 y 81 euros extra al mes por trabajador después de cotizaciones sociales y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Llevado al año y prorrateado en once meses efectivos de trabajo, el desembolso roza los 2 000 euros mensuales por empleado en el escalón más bajo de la nómina.
“Con márgenes tan finitos, hay empresas que comienzan a sustituir horas de contrato por subcontratación o tecnología”, comenta un asesor laboral en Sevilla, quien pide al Gobierno ayudas específicas para microempresas en territorios con rentas medias más bajas.
Comparaciones que incomodan
El Ejecutivo defiende su hoja de ruta tomando como faro a Alemania, donde el salario mínimo crece de forma automática ligado al IPC y al consejo de un comité independiente. Sin embargo, Eurostat recoge que la productividad por hora trabajada en Alemania casi duplica a la española. Exportar mecánicamente ese modelo puede agrandar la brecha entre regiones ricas y desfavorecidas dentro de España.
Por otro lado, la OCDE sugiere que los pisos salariales altos pueden impulsar la demanda interna y reducir la pobreza laboral, siempre que vayan acompañados de formación y políticas activas de empleo. Aquí radica el reto España todavía gasta tres veces menos que la media europea en recapacitación de adultos, según los últimos datos de la Comisión Europea.
¿Hacia dónde apunta la brújula?
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Indexación automática sí, pero gradual: Varios economistas proponen que cualquier fórmula de actualización incluya cláusulas de salvaguarda vinculadas al crecimiento del PIB y la productividad sectorial.
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Desgravaciones selectivas: La Agencia Tributaria ha recortado a la mitad la deducción para quienes cobran el SMI, lo que tensiona aún más los ingresos netos. Un ajuste al alza de ese umbral aliviaría la presión sobre los hogares con menores ingresos.
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Refuerzo de las políticas de productividad: Digitalización de procesos, formación dual y apoyo a la internacionalización son piezas clave para que las empresas conviertan el mayor coste laboral en valor añadido y no en despidos.
En definitiva, el aumento del SMI ha elevado el listón de los ingresos mínimos, pero también ha encendido luces rojas en buena parte del tejido productivo. Si no se acompasa con medidas que eleven la productividad y protejan a las pymes, el salario mínimo podría pasar de motor de cohesión social a obstáculo para el empleo formal, especialmente en las regiones menos favorecidas. La pelota queda en la cancha del Gobierno y de los agentes sociales, que tendrán que hilar fino para evitar que esta conquista salarial termine convirtiéndose en su propio talón de Aquiles.
