Un equipo del Departamento de Justicia Criminal de Texas aplicó, la noche del miércoles 23 de abril de 2025, la inyección letal a Moisés Sandoval Mendoza, de 41 años, por el asesinato de la joven madre Rachelle O’Neil Tolleson ocurrido hace más de dos décadas en la localidad de Farmersville. El recluso fue declarado muerto a las 6:40 p. m. en la Unidad Walls de Huntsville.
Los expedientes judiciales revelan que Sandoval Mendoza confesó haber secuestrado a Tolleson (20) y trasladarla a un descampado, donde la agredió sexualmente, la estranguló y luego la apuñaló antes de intentar incinerar su cuerpo para borrar evidencias.
Un crimen que estremeció a Collin County
Los detalles del caso calificado como “sádico” por los fiscales fueron ratificados en el juicio de 2005. La defensa alegó trastornos mentales, pero el jurado lo condenó a muerte tras escuchar cómo el acusado, tras el primer estrangulamiento, abrió la tráquea de la víctima con un cuchillo y, días después, regresó para mover los restos y quemarlos en el lecho de un arroyo.
La ejecución y las últimas palabras
Sandoval Mendoza se convirtió en el tercer reo ajusticiado en Texas este año y el decimotercero en Estados Unidos durante 2025. Antes de recibir la dosis letal de pentobarbital pidió perdón a la familia Tolleson “Lamento haberle robado la vida a Rachelle. Sé que nada lo compensará”. En la sala de testigos estaban su esposa, una hermana y dos amigos; del lado de la víctima asistieron los padres y otros parientes.
Texas, epicentro del corredor de la muerte
Pese a que en las últimas dos décadas las ejecuciones han caído más de un 60 % a nivel nacional, Texas sigue liderando la estadística: ha realizado 3 de las 14 ejecuciones contabilizadas hasta el 24 de abril, de acuerdo con el Death Penalty Information Center. Solo Florida, con dos penas capitales aplicadas en marzo, se le acerca en 2025.
Voces a favor y en contra
Para Mark O’Neil, padre de Rachelle, “la justicia por fin se cumplió”, aunque admitió que el dolor “no desaparece con la muerte del asesino”. Grupos abolicionistas, en cambio, denunciaron que la pena capital sigue afectando de forma desproporcionada a minorías étnicas Sandoval Mendoza era hijo de migrantes mexicanos y pidieron al gobernador Greg Abbott un moratorio similar a la declarada en estados como Colorado o Virginia.
Tendencia regional
El ajusticiamiento de Sandoval Mendoza se produjo apenas 24 horas después de que Alabama ejecutara a James Osgood, condenado por violación y asesinato, en la decimocuarta ejecución del año en EE. UU. El sur del país concentra siete de los nueve estados que han programado muertes judiciales para 2025, lo que reaviva el debate sobre la persistencia de castigos capitales en la región más conservadora de la nación.
Más allá del veredicto
Analistas legales señalan que Texas gasta en promedio US $2,3 millones por proceso de pena de muerte, casi el triple de un juicio a cadena perpetua, sin que exista evidencia concluyente de su efecto disuasorio. Mientras tanto, la Corte Suprema mantiene un criterio restrictivo para aceptar apelaciones de última hora: la defensa de Sandoval Mendoza agotó nueve recursos en 19 años, todos fallidos.
Con esta ejecución, el estado vuelve a poner bajo los reflectores la pugna entre la sed de justicia de las víctimas y la discusión sobre derechos humanos que, tarde o temprano, tocará las puertas del Capitolio texano.
