El doble asesinato de la ex presidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, así como las graves heridas al senador estatal John Hoffman y su pareja, sacudió al Medio Oeste esta semana y volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los funcionarios que apoyan derechos reproductivos en Estados Unidos.
Las autoridades federales afirman que el detenido, Vance Boelter (57 años), llevaba meses espiando a sus posibles blancos, disfrazándose de policía y hasta instalando luces de patrulla en su vehículo. En documentos y notas electrónicas le hallaron más de seiscientos nombres, muchos vinculados al derecho al aborto o a la salud pública. Entre ellos figuraban activistas de Illinois, Wisconsin y Michigan, lo que sugiere una red de vigilancia que iba mucho más allá de Minnesota.
“Sus crímenes son de pesadilla”, lamentó el fiscal interino del distrito, al detallar que Boelter visitó por lo menos cuatro residencias más antes de disparar a quemarropa contra los legisladores demócratas. La fiscalía lo acusa de acecho interestatal, suplantación de autoridad y asesinato premeditado, cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte.
Aunque el motivo definitivo sigue bajo investigación, el ataque encaja en un patrón de violencia ideológica al alza. El último informe de la National Abortion Federation contabilizó 232 amenazas serias y once agresiones físicas contra proveedores de servicios reproductivos solo en 2024, un salto del 25 % respecto al año anterior.
Ese aumento ocurre mientras algunos estados refuerzan escudos legales, amparados en la Ley FACE de 1994, para proteger clínicas y personal. Expertos del Instituto Guttmacher recuerdan que catorce jurisdicciones ya tipifican como delito bloquear centros o intimidar pacientes, y piden ampliar zonas de seguridad y recursos para vigilar grupos extremistas.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, advierte en su Homeland Threat Assessment 2025 que la polarización política y los discursos de odio online seguirán fertilizando ataques “lobo solitario” contra figuras públicas, especialmente en temas divisivos como aborto, raza e identidad de género.
A la espera de la próxima vista judicial, el caso Boelter ya presiona a legislaturas y agencias de seguridad a replantear protocolos desde mejorar filtros de privilegiados en registros públicos hasta coordinar alertas tempranas entre estados. Para las familias de Hortman y Hoffman, sin embargo, la prioridad inmediata es otra que nunca más un servidor público abra su puerta pensando que recibe ayuda y, en cambio, encuentre la muerte.
