Una tarde que debía acabar con la simple entrega de raciones alimenticias terminó en puro espanto. En el sector Ríochill de Barahona, el agente de la Policía Preventiva Yunior Cuevas abrió fuego contra un carro donde viajaban Altagracia Magnolia Reyes Florián y tres compañeros de la empresa Ricafé. El impacto de bala alcanzó a Reyes en el muslo izquierdo; de milagro, el resto salió ileso.
El caso vuelve a poner la lupa sobre el uso excesivo de la fuerza en el país. Un conteo de Diario Libre revela que al cierre de 2024 al menos 120 personas murieron en “intercambios de disparos” atribuidos a la Policía, pese a los reiterados llamados de organismos de derechos humanos para frenar la práctica.
“Me salvé por un pelo”
“Tengo la pierna anestesiada, boto sangre ya usted sabe”, contó doña Altagracia desde la camilla del Hospital Regional Jaime Mota, donde médicos y un legista del Inacif certificaron la herida. Según testigos, el agente conducía a alta velocidad y, tras un leve roce entre vehículos, respondió con una ráfaga sin ni siquiera verificar quiénes estaban dentro del carro ni que acababan de salir de una escuela.
Enver Heredia, dueño de Ricafé, no se guardó nada “Esto es intolerable. ¿Y si hay niños cerca? La Policía sigue haciendo lo contrario de su deber”. Pidió que el Ministerio Público asuma la investigación para evitar “el archivo cómodo” que ha sepultado incidentes similares.
Un patrón que persiste
Aunque el Gobierno insiste en una reforma profunda, las estadísticas siguen pesando. Apenas a mitad de 2024, otra nota de Diario Libre documentaba 55 muertes en supuestos enfrentamientos, casi una por semana. Grupos como Finjus y Participación Ciudadana advierten que las cifras reales podrían ser mayores muchos casos quedan fuera del radar o se clasifican como “accidentes”.
¿Dónde va la reforma?
El ministro de Interior y Policía se ha aferrado al llamado Plan de Transformación y Profesionalización lanzado en 2021. Hace apenas tres semanas, la institución anunció el piloto de un Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje que arranca en la capital y Santiago, con énfasis en formación ética y protocolos de uso proporcional de la fuerza.
A la par, la comisión jurídica evalúa cambios a las leyes 96-04 y 590-16 para modernizar la doctrina policial y someter a juicio disciplinario a agentes que disparen sin causa legítima. Sin embargo, organizaciones civiles exigen que esas promesas se traduzcan en presupuesto, supervisión independiente y datos públicos mensuales sobre abusos.
El caso Cuevas bajo la lupa
El vocero regional sargento Argenis Rubio confirmó que Yunior Cuevas está bajo arresto y que una comisión de Dicrim encabeza la pesquisa. Fuentes internas indican que se analizarán cámaras de la escuela y de negocios vecinos para reconstruir la escena. Si la bala extraída a Reyes coincide con el arma de reglamento, Cuevas enfrentaría cargos por tentativa de homicidio y violación al artículo 186 del nuevo Código de Ética Policial, que sanciona el uso injustificado de fuego letal.
Mientras tanto, el gremio de profesores de Barahona advirtió que suspenderá clases en el centro educativo si no se garantiza seguridad perimetral. Los vecinos, hartos de las “tirajeras” policiales, organizaron un encendido de velas para exigir justicia y exigir que la reforma salga del papel.
Más allá del titular
El incidente de Ríochill resume el dilema dominicano entre el discurso de modernización y la calle donde un roce de pintura puede costar la vida. Si el Estado no logra que cada agente internalice la regla básica de proteger, no de agredir, la cifra de víctimas seguirá creciendo y la reforma será puro maquillaje.
Por ahora, doña Altagracia está viva de suerte. El país, en cambio, no puede depender siempre de la suerte.
