El joven Yunior Gómez Valenzuela, principal sospechoso de la masacre que dejó cinco muertos en un supuesto punto de drogas en Loma de Cabrera, volvió a la luz pública este miércoles con un relato que pone en jaque a la Policía Nacional asegura que varios agentes lo sacaron de la celda de madrugada, lo llevaron a Santiago Rodríguez y lo golpearon hasta intentar arrancarle una confesión sobre el crimen.
En su comparecencia ante el Palacio de Justicia de Dajabón, Gómez Valenzuela mostró moretones en brazos, torso y espalda que, según él y su abogado, son resultado directo de “un interrogatorio a la mala”. La acusación no es menor. De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución y la Ley 590-16 que rige a la Policía, todo detenido tiene derecho a la integridad física y moral. Cualquier violación podría acarrear sanciones penales y disciplinarias.
Un caso que ya tenía presión mediática
El expediente contra Gómez Valenzuela y otros dos imputados se armó a toda velocidad tras el tiroteo del mes pasado, un hecho que sacudió a la provincia fronteriza y disparó la alarma nacional por la violencia ligada al microtráfico. Ahora, la supuesta tortura añade otra capa de gravedad compromete la legalidad de las pruebas y podría, incluso, tumbar la acusación si un tribunal determina que se obtuvieron bajo coerción.
No se trata de una denuncia aislada. La Defensoría del Pueblo documentó 47 quejas formales por trato cruel o inhumano en recintos policiales en 2024, la mayoría provenientes de zonas rurales y cuarteles improvisados. Aunque la cifra representa apenas un 4 % de los arrestos totales, refleja un patrón que las autoridades no han logrado erradicar, pese a los planes de reforma policial anunciados tras el asesinato de la pareja cristiana en Villa Altagracia (2021).
Silencio oficial y grietas en la reforma
Hasta la tarde de este miércoles ninguna vocería de la Policía ni de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) había respondido a la acusación. Voces dentro del Ministerio Público reconocen que la cadena de custodia se resquebraja cuando aparecen señalamientos de tortura, porque le abre la puerta a la defensa para alegar que “todo lo declarado es nulo”. En otras palabras, un golpe mal dado puede enterrar meses de pesquisa.
Mientras, organismos de derechos humanos insisten en la creación de un mecanismo externo de vigilancia. El Centro Juan XXIII y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) coincidieron en que las cámaras corporales anunciadas para 2025 “no pueden quedarse en un plan piloto” y deben incluir protocolos claros sobre almacenamiento y revisión independiente de las grabaciones.
¿Qué viene ahora?
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Evaluación médica forense. El juez de la instrucción podría ordenar un examen completo para verificar la gravedad y la data de las lesiones.
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Investigación interna. La Inspectoría General de la Policía está obligada a abrir un proceso disciplinario si existe evidencia suficiente.
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Audiencias de coerción. Cualquier medida impuesta a los acusados prisión preventiva o libertad bajo fianza se discutirá con estos nuevos elementos sobre la mesa.
Para las familias de las víctimas, la prioridad sigue siendo que el caso llegue a juicio y se dicte sentencia. Pero el país también observa cómo las viejas prácticas policiales chocan con las exigencias de un Estado de derecho moderno. La balanza, por ahora, pende de un hilo: el que separa una investigación robusta de un proceso contaminado por la brutalidad.
