El rugido de los tacones sobre el Paseo de la Reforma sonó como un latigazo de dignidad. Decenas de trabajadoras sexuales con minifaldas, medias de red y pancartas a todo color– tomaron el corazón de la capital mexicana para exigir lo básico ser reconocidas como trabajadoras, acceder a seguridad social y vivir sin la violencia que las arrincona cada día.
Según la agencia EFE, la protesta coincidió con el Día Internacional de la Trabajadora Sexual y recordó la gesta de 1975 en Lyon, cuando 150 mujeres ocuparon una iglesia para denunciar abusos policiales. Aquella toma encendió un movimiento global que cumple medio siglo, una efeméride que numerosos colectivos reivindican hoy como prueba de que el oficio no admite más clandestinidad.
La marcha de este domingo la impulsaron organizaciones como Brigada Callejera, Cait y la Coalición Laboral Puteril. No fue un desfile de “víctimas” ni un acto folclórico fue un pliego de demandas laborales. Entre ellas, que la Ciudad de México reconozca su labor en el padrón de “trabajo no asalariado” sin obligarlas a esconderse para acceder a servicios de salud o créditos.
Las cifras dan contexto al grito: solo en la capital hay unas 15 200 personas en el oficio, la gran mayoría mujeres, según cálculos de Brigada Callejera. A escala nacional se estima medio millón, aunque la informalidad y el estigma vuelven los números borrosos.
Sarah, de apenas 20 años, lo resumió con crudeza: “Me multan por estar en la calle y me niegan atención médica”. Su testimonio expone la brecha entre la retórica de derechos y la realidad en la banqueta. Santi, activista y trabajador sexual virtual, añadió otro matiz “El algoritmo también discrimina; las plataformas censuran nuestro contenido y nos ahogan los ingresos”.
– Violencia estructural que mata
En 2024, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas documentó que más del 70 % de las agresiones contra trabajadoras sexuales provienen de fuerzas de seguridad. La paradoja: quienes deberían protegerlas se convierten en su principal amenaza. Sin un marco legal claro, la extorsión policial florece.
– Lo que sí existe y no funciona
Desde 2017, la Ciudad de México permite registrarse como trabajadoras no asalariadas, pero el trámite exige domicilios fijos y comprobantes de ingresos –un lujo en un trabajo itinerante– y no garantiza cobertura de salud. En los estados fronterizos, el panorama es peor: reglamentos municipales confunden trata con trabajo voluntario y terminan criminalizando a todas.
– Propuestas sobre la mesa
-
Modelo de reconocimiento laboral al estilo uruguayo: contrato individual, aportes a seguridad social y libertad de asociación.
-
Protocolos policiales con perspectiva de derechos humanos, supervisados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
-
Bolsas de ahorro y crédito creadas por la banca de desarrollo para quienes demuestren ingresos constantes en plataformas o clubes.
Este 2025, las voces que emergen desde el pavimento mexicano se enlazan con las de Lyon hace cincuenta años. No piden favores, sino derechos elementales registrar su oficio sin pena, cotizar al Seguro Social y denunciar sin miedo. Después de medio siglo de resistencia global, el reloj corre a su favor; ahora le toca a las instituciones ponerse los tacones y caminar a su ritmo.
