Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata dictó un año de prisión preventiva contra Julio de la Cruz Vásquez, alias “Nacho” o “Gordo”, y Leonelis Rodríguez Martínez, señalados como cabecillas de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres y adolescentes. La causa fue declarada “compleja”, lo que amplía los plazos para el Ministerio Público profundizar la investigación y sustentar la acusación por violación a las leyes 137-03 y 136-03.
Los fiscales establecen que el grupo operaba desde una villa de dos niveles en el sector Cupey, donde rescataron a nueve víctimas seis mujeres de 18 a 28 años y tres adolescentes de 17 y decomisaron evidencia que vincula a los imputados. Según el expediente, los “servicios” se ofrecían entre 120 y 400 dólares; en un caso, De la Cruz cobró 1 600 dólares por explotar sexualmente a una menor. El mismo acusado sumó un cargo adicional por usurpación de funciones seguía presentándose como miembro de la Fuerza Aérea Dominicana pese a haber sido dado de baja.
Un problema nacional que no afloja
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) rescata un promedio de dos víctimas por semana; solo en los primeros ocho meses de 2024 la entidad reportó 95 mujeres y niñas liberadas de redes similares en todo el país. Aun así, la República Dominicana continúa en la Lista de Vigilancia de Nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU., que vuelve a advertir sobre la explotación de menores para fines sexuales y la necesidad de más condenas firmes contra los tratantes.
Cooperación internacional y desafíos pendientes
En la operación de Puerto Plata participaron la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), la Oficina de Seguridad Diplomática (DSS) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la embajada estadounidense, colaboración que refuerza la recolección de pruebas transfronterizas. Aun con ese respaldo, organizaciones como International Justice Mission señalan que uno de cada diez individuos en explotación sexual comercial en el país sigue siendo menor de edad, evidencia de que la demanda continúa alimentando el negocio ilícito.
Con la causa declarada compleja, la Fiscalía tendrá hasta 18 meses para presentar acto conclusivo. Mientras tanto, los imputados cumplirán la medida en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe (Puerto Plata) y Najayo Mujeres (San Cristóbal). La fiscal Julissa Gómez Camacho exhortó a la ciudadanía a denunciar confidencialmente cualquier indicio de trata de personas. La gran pregunta sigue siendo si las autoridades y la sociedad lograrán sostener la presión hasta desmontar por completo estas redes que mercadean con la dignidad humana.
