El Tribunal Constitucional (TC) volvió a halar las orejas a la Policía Nacional y le dio un plazo fatal desembolsar RD$ 6,241,383.04 a Dulce María Lora Solís, viuda del general José Antonio Feliciano Castillo. El monto combina la pensión retroactiva que la institución arrastra desde 2007 y una sanción (astreinte) de RD$ 5,000 por cada día de desobediencia, acumulada durante 722 días.
Aunque las multas coercitivas del TC suelen oscilar entre RD$1,000 y RD$5,000 diarios como se vio en otros procesos contra la propia PN y hasta contra el Ministerio de Salud Pública, pocas veces la cifra acumulada supera los tres millones de pesos. La sentencia TC/0364/25, publicada el 11 de junio de 2025, confirma la impaciencia del alto tribunal con las entidades que se hacen las sordas a sus fallos definitivos.
Un pleito que empezó hace 18 años
Feliciano fue retirado con rango de general de brigada, pero la nómina solo le reconocía los haberes de coronel. En 2007 arrancó la batalla legal. Doce años después, el Tribunal Superior Administrativo lo dejó en blanco; sin embargo, el TC revocó ese criterio en 2022 y ordenó pagarle RD$ 2,631,383.04 de retroactivo y restituirle la pensión como general. El oficial falleció en 2020 sin ver un centavo, situación que heredó su esposa.
Por qué duele tanto el retraso
Una pensión de general ronda hoy los RD$ 100,000 mensuales, gracias al Decreto 856-21 que equiparó los ingresos de 113 oficiales retirados. Negarle ese derecho a Feliciano durante casi dos décadas implica no solo una deuda cuantiosa, sino también un golpe directo al sistema de protección social de los uniformados, cuya sostenibilidad sigue bajo la lupa de la Superintendencia de Pensiones.
La figura del astreinte
El TC aplica el astreinte como un metrónomo judicial cada día que pase sin cumplir suma dinero. En la práctica, se ha convertido en el único catalizador para que muchos órganos públicos acaten las sentencias firmes. El caso de Feliciano ilustra cómo la multa puede transformarse en la parte más pesada de la condena la sanción (RD$ 3.61 millones) ya supera el capital original (RD$ 2.63 millones).
Lecciones para la PN y la administración pública
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Costos de la inacción: pagar tarde sale carísimo; el astreinte duplicó la factura.
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Precedente peligroso: otros pensionados podrían usar la misma táctica y disparar el gasto público si las dependencias continúan ignorando fallos.
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Urgencia de protocolos: expertos constitucionalistas insisten en crear oficinas de cumplimiento dentro de cada ministerio y cuerpo castrense, para evitar que la dilación se replique.
La PN dispone de 30 días para consignar la suma o arriesgarse a que la viuda solicite nuevas multas e incluso embargos. Con los reflectores encima, cualquier maniobra dilatoria sería un suicidio reputacional. El mensaje del TC es claro: la Constitución no se negocia, y los bolsillos institucionales tampoco están blindados contra la mora.
En un país donde la batalla por las pensiones dignas suele pelearse en tribunales, el caso Feliciano podría marcar un antes y un después. Si la Policía aprende la lección y paga a tiempo, evitará que las astreintes se conviertan en la próxima partida millonaria del presupuesto público. De lo contrario, veremos más viudas y retirados ganando en la corte lo que les niegan en la ventanilla.
