Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde este martes con una votación de 6-3 a la aplicación provisional de la política del presidente Donald Trump que excluye a las personas transgénero del servicio militar mientras continúan los recursos judiciales. La orden suspende un fallo inferior que bloqueaba la medida y permite al Pentágono comenzar de inmediato con las expulsiones o rechazos de aspirantes trans que presenten o hayan presentado disforia de género.
Según la agencia EFE, la minoría liberal del Supremo encabezada por las magistradas Sotomayor, Kagan y Jackson se mostró enérgicamente contraria, al advertir que la exclusión amenaza la igualdad ante la ley de miles de soldados que ya sirven en las filas estadounidenses.
Tal como detalla SCOTUSblog, la mayoría conservadora no emitió razonamiento alguno, limitándose a restaurar la política firmada por Trump en enero pasado que cataloga la disforia de género como “incompatible” con la disciplina militar. El memorando presidencial publicado por la Casa Blanca apenas tres meses atrás afirma que el uso de pronombres distintos al sexo asignado al nacer “socava la cohesión, la honestidad y la uniformidad de las tropas”.
El Pentágono calcula que las personas trans representan apenas un 0,2 % del total de efectivos, pero la medida podría afectar a más de 8 000 militares en activo, de acuerdo con estimaciones citadas por ABC News. Grupos como Lambda Legal y la Human Rights Campaign tacharon la decisión de “discriminatoria y políticamente motivada”, mientras que un memorando interno revelado la semana pasada confirma que la defensa continuará cubriendo, por ahora, la atención médica de quienes ya sirven.
La batalla legal no se libra en el vacío histórico. En 2016, bajo el mandato de Barack Obama, EE. UU. se unió a una veintena de países entre ellos Canadá, Reino Unido e Israel que permiten el servicio abierto de personas trans. Sin embargo, Trump revirtió ese paso en 2017 y lo endureció tras regresar a la Casa Blanca. Su prohibición fue anulada por Joe Biden en enero de 2021 con una orden que restituyó la integración total y ordenó reparar los expedientes de quienes fueron dados de baja por su identidad de género.
Los casos internacionales ofrecen un contraste contundente. Canadá suprimió las restricciones en 1992 y diversos estudios internos concluyen que la inclusión no ha mermado la eficacia operativa ni la cohesión de sus fuerzas armadas. Esa experiencia, junto a informes del RAND Corporation y del propio Departamento de Defensa durante la era Obama, ha alimentado los argumentos de los demandantes sostienen que la prohibición responde a prejuicios más que a evidencia sobre preparación bélica.
¿Qué viene ahora?
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Calendario judicial
Las cortes de apelación del Distrito de Columbia y del Noveno Circuito revisarán el fondo del caso en los próximos meses. Si emiten fallos opuestos aunque sea parcialmente el Supremo se verá presionado a dictar sentencia final antes de las elecciones intermedias de 2026. -
Impacto operativo
Comandantes consultados temen la pérdida de personal altamente cualificado en áreas críticas como ciberseguridad y medicina militar, especialidades en las que los tiempos de formación superan los cinco años. -
Clima político
Dentro del Congreso, la minoría demócrata prepara un proyecto de ley que blindaría el derecho a servir sin importar la identidad de género. No obstante, su aprobación parece cuesta arriba dada la composición actual de ambas cámaras.
Lectura estratégica
Más allá de la disputa cultural, analistas de defensa advierten que la exclusión puede generar costos adicionales por despidos, litigios y procesos de reemplazo. Cuando Canadá levantó su veto, los gastos asociados a la transición se mantuvieron “insignificantes” y la retención de talento aumentó, según el Ministerio de Defensa de ese país.
En definitiva, el fallo del Supremo abre un paréntesis incierto concede a la Casa Blanca de Trump una victoria temporal, pero reactiva un debate que ya parecía zanjado. La pregunta clave es si la evidencia externa y los precedentes de 2021 pesarán más que la doctrina de “cohesión y letalidad” invocada por la actual administración. Mientras tanto, cientos de soldados trans deberán decidir entre ocultar su identidad o enfrentar la baja.
