El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este 5 de mayo que ha girado instrucciones a la Oficina Federal de Prisiones, al Departamento de Justicia y a otras agencias para reconstruir y reactivar la cárcel de Alcatraz, cerrada desde 1963, con el fin de alojar a migrantes indocumentados con historial delictivo y a reos de alta peligrosidad.
Según la agencia EFE, la decisión pretende convertir la legendaria isla prisión en un “símbolo de la ley, el orden y la justicia”, evocando tiempos en que en palabras de Trump el país era “más serio” en materia de seguridad.
Una roca llena de historia y problemas logísticos
Alcatraz apodada “La Roca”cerró el 21 de marzo de 1963 porque mantenerla costaba casi tres veces más que otras penitenciarías y el salitre había corroído su estructura. Desde 1973 la isla forma parte del Servicio de Parques Nacionales (NPS) y recibe alrededor de 1.2 millones de visitantes al año, generando ingresos turísticos que la propuesta de Trump pondría en jaque.
Expertos consultados por medios locales advierten que hoy no hay sistema de agua potable, alcantarillado ni electricidad operativa; reconstruirla implicaría levantar prácticamente un penal nuevo en un entorno protegido por leyes ambientales y patrimoniales, algo que costaría miles de millones de dólares y años de litigios.
¿Espacio para más detenidos?
Trump argumenta que la reapertura aliviaría la presión sobre el sistema migratorio. Sin embargo, los números pintan otro cuadro en el año fiscal 2024 el promedio diario de personas retenidas entre instalaciones de ICE y casos transferidos por la Patrulla Fronteriza rondó las 37,700, mientras que el “docket” no detenido superó los 7.6 millones de expedientes. Incluso si Alcatraz funcionara a plena capacidad unas 1,500 camas en el mejor de los escenarios apenas representaría un 4 % del cupo actual, un “parche simbólico” más que una solución estructural, según abogados de derechos humanos.
Reacciones y panorama político
Líderes demócratas como Nancy Pelosi calificaron la orden de “teatro político” que sacrifica un patrimonio cultural por un titular en temporada preelectoral. Organizaciones como Human Rights Watch alertan además que aislar migrantes en una isla refuerza prácticas de detención prolongada que ya han sido cuestionadas por tribunales federales.
Lo que viene
Reabrir Alcatraz chocará con el NPS, el estado de California y un sinfín de permisos medioambientales. A corto plazo, la orden podría quedar en el limbo legal, pero revive un debate incómodo: ¿debe EE. UU. seguir ampliando su red de detención o invertir en alternativas más humanas y menos costosas?
Lo cierto es que, más allá del golpe de efecto, trasladar la crisis migratoria a una isla icónica no resolverá el hacinamiento ni las demoras en los tribunales de inmigración. Mientras tanto, La Roca seguirá siendo, por ahora, un mirador turístico con vistas privilegiadas al puente Golden Gate y al centro de un nuevo huracán político.
