Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a arremeter contra Harvard al anunciar que sopesa retirarle otros US$3.000 millones en subvenciones federales y redirigirlos a institutos de formación profesional en todo el país. El mandatario afirmó que esa “sería una inversión necesaria para la fuerza laboral de EE. UU.” y repitió que la universidad “aún no entrega” el listado de sus alumnos extranjeros supuestamente involucrados en protestas propalestinas.
Según la agencia EFE, Trump tildó a la institución de “muy antisemita” en varios mensajes publicados este lunes en su red social Truth Social, donde prometió que el Gobierno terminará “ganando” el pulso legal pese a que una jueza federal bloqueó temporalmente la suspensión de visados para estudiantes de Harvard. La Casa Blanca ya había recortado casi US$2.000 millones en ayudas a la universidad y ahora amenaza con ampliar el golpe financiero.
Detrás del choque hay dos frentes. Primero, la insistencia del Ejecutivo en obtener los registros de estudiantes extranjeros para cruzarlos con imágenes de manifestaciones. Harvard confirma que el 27 % de su matrícula procede del exterior cifra habitual en la Ivy League y alega que divulgar datos personales sin orden judicial violaría la ley de privacidad educativa (FERPA). Segundo, la apuesta política de Trump por la formación técnica: la oficina de Estadísticas Laborales proyecta más de diez millones de vacantes en oficios especializados para 2030, mientras que apenas 27 % de los graduados secundarios opta por una carrera técnica, según el Departamento de Educación.
Voceros republicanos celebran la idea de “premiar programas que realmente colocan a la gente en empleos bien pagados”, aludiendo a los community colleges y escuelas de soldadura, enfermería o robótica industrial. Rectores de esas instituciones recuerdan que su financiamiento federal se ha mantenido plano durante una década y ven en la disputa con Harvard una “ventana política” para ganar recursos largamente prometidos.
Del lado académico, la Asociación de Universidades Americanas advierte que castigar a un solo centro “sienta un precedente peligroso” y podría desincentivar la investigación básica que, a la larga, nutre la innovación tecnológica. Harvard destaca que recibió US$642 millones en fondos competitivos para ciencia y salud el último año fiscal, mucho de ello canalizado a descubrimientos biomédicos que terminan en patentes privadas y empleos en la industria.
El debate también toca fibras culturales. Sectores conservadores acusan a los campus de tolerar “discursos de odio” contra Israel, mientras colectivos estudiantiles denuncian represión política y xenofobia. Grupos de derechos civiles recuerdan que, tras el fallo de la Corte Suprema que limitó la acción afirmativa, las universidades están bajo doble presión: mantener diversidad racial y, a la vez, satisfacer a legisladores que cuestionan sus posturas en conflictos internacionales.
Por ahora, el Departamento de Educación estudia los términos legales para trasladar los fondos que, hasta hoy, sustentan becas, laboratorios y programas de extensión en Harvard. Si la ofensiva prospera, la universidad perdería más del 15 % de su presupuesto federal, mientras miles de estudiantes de bajos ingresos tendrían que buscar ayuda estatal o préstamos privados para continuar sus estudios.
A falta de un calendario oficial, todo apunta a que el pulso se definirá en los tribunales antes de que empiece el siguiente ciclo académico. Lo que está en juego no es solo la caja de una universidad, sino el modelo de financiamiento público a la educación superior y el rol de los oficios técnicos en la economía pospandemia. En un año electoral, Trump convierte la disputa en un símbolo menos élites costosas, más soldadores y enfermeros listos para el mercado laboral. El desenlace marcará, de paso, la relación futura entre la Casa Blanca y la academia que históricamente nutre buena parte de su administración.
